martes, 18 de diciembre de 2007

¿Por qué el Colegio de Abogados de Mendoza debe crecer continuamente?


Hace unos años, en una película de Jason Robard, su contendiente en el juicio que ocurre en el film, le pregunta por qué ha cambiado tanto su pensamiento, si cuando eran jóvenes pensaban iguales. La respuesta de Robard es muy interesante; le dijo que, como la distancia y la cercanía tienen que ver con el movimiento, posiblemente era su amigo el que se había distanciado al quedarse en el tiempo mientras la realidad cambiaba.


Ese pensamiento sirve como modelo para explicar cuestiones tales como el hecho de que el Colegio de Abogados de Mendoza necesita ir en una constante superación de si mismo.


En estos últimos años los parámetros de comparación con las instituciones cercanas va poniendo en medida a nuestra institución. Así, desde la confrontación permanente que el Poder Ejecutivo tuvo con el Poder Judicial, éste se ha ido encontrando cada vez más fortalecido, acostumbrándose a salir a la calle, a contestar, a poner en tela de juicio sus pareceres, lo que ha hecho que, actualmente, este poder vaya acentuando cada vez más su condición de verdadero poder. Si uno analiza sus discursos, sus ideas, ya se habla del reconocimiento de que no se tiene política judicial, lo que significa que se la va a tener.


En el plano de las instituciones no gubernamentales, nuestras más cercanas Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Consejo Notarial, se mueven en la dirección mayores beneficios para sus asociados en el primr caso con fuerte impronta de ayuda en el trabajo profesional, así como una fuerte decisión de control de matrícula en el segundo. Ambas instituciones dan, de este modo, una línea de atención a sus asociados, consiguiéndoles beneficios y posiciones por pertenecer al sector.


Además, en estos últimos 3 años, otros sectores han ido solicitando y consiguiendo matriculación: martilleros, agentes inmobiliarios, etc., con lo que se va acentuando el carácter sindical o de atención a sus contribuyentes del sistema.


Así las cosas es que el Colegio de Abogados es analizado por los colegas en relación con los que los otros sectores adquieren o logran. Si los escribanos y contadores poseen club, se hace notorio que los abogados no lo tengamos, si ellos controlan la matrícula, porqué nosotros no, si los magistrados consiguen descuentos para comprar su vehículos, no es entendible que los abogados no consigamos lo mismo.


Ese es el movimiento relativo de las instituciones. Si el Colegio permanece en una forma estable de sus servicios, esa permanencia en el tiempo lo deja atrás respecto de las otros instituciones. Hay un sólo juez: la queja o la aprobación del abogado. Ése es el baremo de medición.


Advertido esto, no es discutible entonces que la institución debe mejorar día a día: crecimiento de beneficios profesionales y personales para los abogados, planta administrativa de la institución capacitada permanentemente y destinada a satisfacer esos beneficios, consecución del club, fuerte actividad de la Dirección de Arte, apertura de las comisiones a la matrícula para trabajar en los temas específicos de la abogacía y los códigos, establecimiento de políticas de Servicio de Justicia con activa participación profesional, aseguramiento de trabajo para todos los abogados, de información jurídica última, de conocimiento permanente del sistema de ejercicio profesional.


Con un avance permanente conseguido a través de objetivos y plazos, la meta es que el abogado se sienta contenido y apoyado por su institución.

Invitación a pensar estratégicamente


La provincia de Mendoza tiene 85.000 empleados públicos, es decir, 1 cada 21 personas -somos aprox. 1.800.000 personas-. Salvo los bloques de las especialidades o lugares de trabajo de cada uno de ellos, se trata de una enorme cantidad de gente que no trabaja en combinación plena entre si. Qué quiero decir? que no se encuentran interrelacionados con otras áreas del Estado donde la contribución de cada uno en relación complementaria con otro cambiaría enormemente su productividad y dirección. Doy un ejemplo. Nuestra población es en gran parte anti policíaca, es decir, ve con cierta sospecha y muchas veces con acusación la actividad de sus fuerzas de custodia. Esta consideración redunda en el poco apoyo que tiene la fuerza a la hora de recibir información -esencial- por parte de la gente, o fondos, o consideración, o ayuda individual, etc. Como hay una mala imagen general, eso se nota en lo poco que crece esa fuerza. A su vez tenemos oficinas de ayuda e interrelación con la comunidad, donde se hacen tareas de contención y penetración en la sociedad por los agentes del Estado. Esta gente sí atrae la consideración social y el apoyo.
Ahora bien, esa actividad está reducida a los funcionarios que se dedican a esa área, pero también se podría interrelacionar la Policía a fin de que se vaya obteniendo el favor social que necesita la misma para poder actuar con mayor eficiencia. No obstante, esas dos áreas no se encuentran conectadas. Y sería muy útil hacerlo.
Este ejemplo vale para muchas áreas mas del Estado que no trabajan en conjunto: industria con la construcción ciudadana; áreas de cultivo con el crecimiento inmobiliarios; revalorización de industrias o zonas de la provincia con las autopistas a construir; redistribución de barrios con los estudios sociológicos al respecto, etc.
A fin de intervenir activamente en ello, he propuesto a algunos colegas la creación de una comisión de asuntos institucionales, para que desde las distintas áreas del derecho se vaya creando una idea común que contribuya a mejorar estas necesidades. Los que quieran contribuir, que lo comuniquen.

domingo, 9 de diciembre de 2007

Experiencia en materia civil: los abogados no somos considerados parte del Servicio de Justicia


Esta semana me tocó intervenir en una audiencia civil en la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. Mi especialidad es el Derecho Penal, actualmente ingresando sociológicamente éste en el sistema adversarial ("igualdad de armas") y cada vez más de lleno en la oralidad, así que mi actividad procesal civil es casi nula, siendo asistido en esas mínimas circunstancias por colegas del derecho civil. Relato lo que me pareció una enorme expresión legal de carencia de reconocimiento de la posición del abogado dentro del sistema procesal.

Repito lo que el auxiliar del juzgado expresó dirigiéndose a nuestro cliente -citado para confesional- cuando se sentó en la silla antes del cuestionario: "usted va a responder por si o por no, lo va a hacer solamente a mi, no puede dirigirse a los abogados, si hay alguna ampliación a la respuesta lo hará solamente a mi y el juzgado determirá su pertinencia (no recuerdo si ésa fue la palabra, pero sí fue el concepto de la última expresión). A la profesional que me acompañaba y a mi, ese mismo auxiliar nos dijo que nos teníamos que poner detrás (físicamente detrás de la silla) de nuestro cliente. El motivo de estar atrás es para evitar la posibilidad de que los abogados hagan gestos -intencionales o no- para inducir la respuesta de la persona; una verdadera situación de sospecha contra los profesionales, ciertamente irritante.

Si lo analizamos, la profesional que me acompañaba y yo, ambos abogados, estudiados en universidades que nos dieron nuestro título de grado, habiendo asistido a numeros postgrados, habiendo defendido o patrocinado a innumerables clientes, es decir, representantes legítimos de la defensa de derechos y garantías, preparados durante años y años de esforzados y sistemáticos estudios para alcanzar la altura necesaria para que el sistema nos delegue la resolución y representación de los problemas de la sociedad, nos veíamos en esa audiencia expresada por un auxiliar, reducidos a ser meros y secundarios participantes de algo en lo que el sistema procesal civil nos deja en una posición residual y casi nula y, por supuesto por el tono y la expresión del amanuense y luego la del secretario del juzgado, absolutamente sospechada.


Me llamó mucho la atención dado que vengo del Derecho Penal, donde los abogados campeamos en la audiencia y discutimos con los fiscales o el juez. El sistema actual vigente parcialmente en Mendoza es el inquisitivo que también se llama adversarial o de igualdad de armas. El fiscal y los abogados nos encontramos en igualdad para discutir el asunto, y los funcionarios de tribunales son quienes nos ayudan a ello. Los abogados no somos los últimos en el rango de la justicia, sino que estamos adquiriendo aquello que desde la doctrina y que particularmente he sostenido se interpreta como "función pública ejercida por particulares". Eso es la Abogacía. Bajo de ese concepto el juez y nosotros somos los actores del sistema y el personal judicial nos ayuda. Bajo el sistema del derecho procesal civil actual los actores son el juez y su personal y los abogados una cuestión secundaria y para algunos, espero que en forma excepcional, molesta.


La ley nos salva, y es el sistema de oralidad el que puede cambiar las cosas, como se está intentando en la materia penal. Allí se está terminando la delegación, y en las audiencias de debate los abogados empezamos a ocupar el lugar que nos corresponde, en igualdad de atribuciones con el fiscal. Los abogados y los jueces somos el Servicio de Justicia, no el Poder Judicial y su personal.
No se trata de una cuestión de minusvalorar el sistema actual, sino de adecuarlo a la institución real de la Abogacía como integrante del Servicio de Justicia.


Desde este punto de vista que comprende el papel que tenemos los abogaods, es casi irresponsable institucionalmente que un auxiliar maneje una audiencia. Nosotros, los abogados, los que hemos estudiado años, que tenemos un título y una matrícula profesional, los que sabemos y conocemos lo pueril y lo profundo del sistema, los autorizados, no podemos observar que una audiencia, una toma de hechos para resolución del sistema por el que se justifica el Servicio de Justicia, sea dirigida por alguien -sin menoscabar su voluntad, su apreciado interés, sus ganas- cuyos conocimientos no cumplen mínimamente los requisitos necesarios para entender de qué se trata esto que se llama Derecho. El Derecho Procesal Civil debe adecuarse a la realidad de que los Abogados somos, junto con los jueces, los únicos y verdaderos actores de la Justicia.

9 de diciembre de 2007

sábado, 8 de diciembre de 2007

Expansión de las Comisiones del Colegio


En el Colegio funcionan una serie de comisiones, se las llama de estudio o de trabajo. Para los que no las conozcan, se trata de reuniones de abogados de las ramas del derecho para tratar temas del sector y están encabezadas por un Director o Presidente, elegido por la propia comisión.

Se reúnen algunas cada 2 semanas y otras cada 6 meses o un año, o no se juntan. Estoy tras ellas desde hace un tiempo; tienen un potencial actualmente inexplorado.

En septiembre les propuse a los presidentes que hiciéramos una revista jurídica que podría denominarse "Revista de las Comisiones del Colegio de Abogados de Mendoza", donde, con total libertad de publicación y opinión, cada comisión elaborara una nota doctrinaria de que lo que decidiere, con contenido científico-jurídico. Se hace un libro de ello y se pone a disposición de la matrícula y la justicia. Así, se transforman en una fuente de uso profesional.


Acompañando la actividad, esta semana presenté un proyecto de entrega de claves de laleyonline para los presidentes que luego empecé a derivarlo a todos los abogados (ver el escrito "Proyecto: La Ley online para toda la matrícula" en este blog) para facilitar la actividad.


A su vez hay un campo todavía casi totalmente inexplorado: la capacidad de las comisiones de elaborar dictámenes para uso profesional. Como en la profesión hay un sinnúmero de cuestiones sin definición o con definición alternativa, las comisiones (a pedido de los colegas mediante escrito por mesa de entradas del colegio) pueden dictaminar acerca de cosas que se necesitan diariamente. Doy ejemplos pero hay cientos: tiempo de espera máximo para una demora en inicio de audiencias en materia penal, forma del préstamo de expedientes, formas de notificación y utilidad, competencia de la facultad del artículo 23 de la 4976 para exigir informes de organismos públicos, posición del abogado en las audiencias civiles, modo de regulación de honorarios -cuestión amenazada por las bajas regulaciones-, etc.


Con el dictamen, firmado por el Directorio -aunque esto no es un requisito, mi idea es que las comisiones son autónomas precisamente porque están manejadas por los especialistas-, este se transforma en doctrina y opinión del Colegio, con el que los colegas pueden trabajar y sugerir más acabadamente la mejor solución para los diversos temas. La autoridad del sistema me parece ideal: los abogados dictaminan sobre la actividad de los abogados.


El tema, incluso, excede el marco de actividad profesional para ingresar de lleno en opiniones sobre cuestiones de derecho privado y público; los que han escuchado la idea se han entusiasmado. Al diputado Luis Petri, abogado, el tema se lo planteé como "el mayor órgano de opinión de Mendoza". Es que con 8 colegas por cada rama y subrama del derecho, tenemos más de 200 abogados estableciendo directivas.


Es absolutamente expansivo y prometedor.


Proyecto: La Ley online para toda la matrícula


Esta es una transcripción del correo que le envié al Director de la Comisión de Jóvenes Abogados, Leandro Fretes Vindel (leandrofretesvindel@yahoo.com.ar):


"Esta semana presenté un proyecto en el Colegio para darle las claves de http://www.laleyonline.com.ar/ ($10.000.- anuales) a los jefes de comisiones, para que trabajen mejor y más motivados. Pero, charlando con otros abogados, me pareció bueno que todos los abogados lo puedan tener. Me explico: si lo nuestro -la Abogacía- es el Servicio de Justicia -concepto en el que vengo machacando y he convencido a varios-, y de ello depende el bienestar de la gente que requiere nuestros servicios, el conocimiento jurídico es necesario y no opcional; es decir, no es una cuestión de suerte litigar sin saber cómo va a salir el juicio, sino que el primer dictamen -la prospectiva del caso- debe ser lo más certera posible. Para ello hay que saber toda la jurisprudencia y la doctrina; un resultado es, por ejemplo, posible menor litigiosidad, evitación de planteos inconducentes, mejor definición de los derechos, menores costos, etc.

La Ley tiene una aplicación de 40 máquinas dedicadas en San Juan a $40 mensuales, muy económico comparado con los aproximados $600.- mensuales que cuesta en forma individual. Les propuse lo mismo acá, presentado como servicio del Colegio, con el pago de la cuota. Lo van a estudiar en Buenos Aires y me contestan en 10 días, ya que pasa mucho por lo técnico. Ahí quiero que me acompañes para escuchar qué hay.

Te digo que si no se puede realizar por temas monetarios, pienso ir al gobierno o a algún organismo internacional a proponer que financien el sistema, ya que se trataría de una especie de módulo de mejoramiento del Servicio de Justicia.

Si te planteás que como abogado estás haciendo "función pública ejercida por particulares" y no un simple mercantilismo vergonzante -que es lo que por ahí se considera nuestra profesión, incluyendo a nosotros mismos en ese denostado concepto-, bien te podés plantear una petición de ayuda económica como esta. Se está intentando mejorar el Servicio de Justicia en la Provincia de Mendoza.

Ya sé, es largo el correo, pero comentame qué te parece. Creo que debemos dejar de concebirnos los abogados como meros jugadores del litigio para asumir que formamos parte de un servicio social mayor, y que requerimos las armas para ello.
Abrazos. Gianni"