domingo, 26 de agosto de 2012

No es la reelección, es la república

Aunque puede haber una idea de polarizar la idea sobre si Cristina se reelegirá, lo cierto es que el tema de la reelección no tiene tanto de personalista como sí de cambio del sistema político del país. El tema no es si Cristina se reelige, el tema es si seguiremos con una república o si la perdemos para siempre.
República es el sistema político donde uno de sus pilares fundamentales es la periodicidad de los funcionarios en el gobierno, precisamente para que haya renovación, necesidad de conocer y contemplar al votante para llevarlo a políticas, para que las sucesivas generaciones y polos de poder y opinión tengan acceso al gobierno del país, derecho que todos tienen. En fin, la periodicidad de las funciones deja al gobernante en una posición relativa, de permisión de que todos puedan acceder -a través de sus representantes y de sus símbolos- al ejercicio del poder, de comunicar sus ideas y participarlas a los demás. La periodicidad emite la señal de que los ciudadanos son iguales, ya que todos pueden permitirse acceder a la administración pública. 
Decía Kennedy que  "los que hacen imposible una evolución pacífica, harán inevitable una revolución violenta". Precisamente ese dictado es la expresión de la vigencia de la república: que nadie se quede en el cargo; todos deben tener el derecho de ocupar ese cargo, y todos tienen la obligación de dejarlo una vez terminada su oportunidad. La tensión provocada por la perpetuación comienza cuando no hay renovación y, tarde o temprano, el final violento ocurre. Véase a Siria hoy, o los regímenes de perpetuación: todos los días hay hechos de violencia política.
Así que el hecho de la reelección de Cristina mediante reforma constitucional no es un tema de Cristina sí o no; es el hecho de romper el sistema por el cual hasta ahora no descendemos a las situaciones de vida anteriores a la conformación de los estados, cuando la gente dependía de un señor feudal.  
El artículo 1° de la Constitución Nacional consagró como cláusula pétrea ese gran logro del avance humanista en lo político, avance que nos pone a todos como iguales ante el poder: la república. 
Sólo con la república podemos pensar en la igualdad y en la justicia. Sin ella asoma el imperio de la desigualdad; y la creciente tensión.

miércoles, 4 de julio de 2012

La amenaza jubilatoria y el copamiento del Poder Judicial

    Si uno observa los antecedentes de gobiernos de vocación totalitaria y autoritaria, verá que el trabajo sucio fue normalmente realizado por el poder judicial cooptado. Para citar un caso actual, en Venezuela son los jueces acercados o impuestos por Chávez quienes ejecutan las órdenes de éste, ya sea aprobar una confiscación o, como el caso de la juez María Afiuni, detenida sin sentencia desde 2009 por orden judicial del chavismo, ha provocado además una corriente de miedo en toda la magistratura, la que no se atreve a dictar orden alguna que pueda ser interpretada contraria a los deseos del dictador venezolano.
    Un dictador necesita de un sistema judicial para aplicar las leyes corruptas. El gobierno nacional ya copó el Congreso -de ahí salieron, entre otras, la ley de medios destinada a acallar la prensa independiente y las leyes tributarias y represivas de fines del 2012-, basta entonces encontrar quién las ejecute. Un factor clave será la persona que ejerza como Procurador de la Corte, el jefe nacional de los fiscales. Él manejará la acción penal, seguramente el poder más fuerte de una democracia. De hecho, a mi juicio, Righi se fue no tanto por el escándalo Boudou, sino posiblemente por -a su edad y carrera-, no querer mancharse con la persecución de civiles críticos, tal y como manda la ley  26734 conocida como ley antiterrorista.  
    Todavía el poder judicial mantiene cierta independencia, pero el desgaste va siendo continuo. La mejor forma desde el poder es la que se ha encontrado ahora: intentar que los jueces se vayan por sí mismos y se está logrando a través de un mecanismo no tan sutil, pero que logra el efecto deseado: tocarles el bolsillo. Mendoza está a la cabeza de tal tendencia, ya que nuestro poder político en el año 2005 logró una reforma constitucional para que los jueces paguen la obra social (pública), reafirmada ahora con el porcentaje para la atención de discapacitados en la misma obra.
   Así, el procedimiento ahora consta de amenazar con la reducción jubilatoria y con el pago del impuesto a las ganancias, extrañamente con venia del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti (http://bit.ly/PbCkpK).
   ¿Cómo funciona el asunto? En la actualidad los jueces que están en edad de jubilarse pero que pueden seguir trabajando por cuanto sólo se irían cuando ellos mismos lo dispongan se encuentran ante esta doble posibilidad: o irse ahora y con la jubilación ya asegurada -y con eso dejar la vacante-, o continuar en el cargo y, si hay una reducción jubilatoria, entrar posiblemente en una escalada de juicios. Ante ese panorama, cualquier juez decide lo más seguro: se retira ahora y sabe que al mes siguiente está cobrando su jubilación sin problemas.
  Si bien es discutible que la jubilación les pueda ser bajada sin reparos judiciales, lo cierto es que la mera posibilidad de estar en juicio -y/o de que la causa caiga en un juez afín a los intereses del poder ejecutivo-, ya plantea un futuro que consideran innecesario. En un punto, y bastante importante, esa jubilación puede ser considerada una afectación a la intangibilidad judicial. Lamentablemente en Mendoza, tal vez para evitar males mayores pero que ahora está ocurriendo con ganancias, la posición institucional de sus jueces es en principio no oponer reparos a dicha afectación.
   De hecho el tema es que con la simple amenaza basta para provocar aquello que la Constitución no quiere: que el magistrado pueda ser afectado de cualquier modo en su actividad. En términos monetarios la ganancia para el fisco -para los fines del gobierno- no significa un aumento significativo respecto de otros ingresos o exenciones de los que el gobierno tiene a su disposición.
   Lo que sí ocurre es que haya una invitación al éxodo de los jueces que están en edad de jubilarse, con lo que se conseguirán las vacantes para que el oficialismo pueda incorporar a sus jueces afines. Con las mayorías en todo el país y con el uso de la caja, es muy difícil que no consiga el oficialismo imponer a jueces que puedan seguir lo que se les exija. El sistema político no sólo instala a los jueces, sino que también los saca. Y un oficialismo con atribución plena y sin control de los fondos se encuentra en la posición necesaria para instalar un poder judicial dependiente, tal y como se ve en las provincias de estilo feudal.
   Mal presagio augura un poder judicial así. El ciudadano debe saber que, cuando hay un problema, sólo un juez se lo puede resolver. Si allí no hay justicia, sólo queda de fondo la selva.
   

martes, 12 de junio de 2012

Oposición III: la Procuración como factor de subsistencia

    A fines de 2011 el Congreso de la Nación, con mayoría kirchnerista, aprobó las leyes que hacen falta para convertir a la Argentina en un país dictatorial. La ley antiterrorista y la extensión de la punibilidad fiscal a provincias y municipios está ahí, vigente. Sólo falta quien las ejecute.
   Righi no había dado ese paso.  De Reposo podía temerse, y sin dudas que no sólo su cometido sería cubrir al oficialismo, sino que atentaría contra cualquier voluntad considerada  oposición.
    Pero basta un jefe de fiscales que quiera hacerlo. Por sus antecedentes "contra los medios" tan necesarios en la creada lucha del cristinismo, Alejandra Gils Carbó pareciera cumplir la idea instrumentadora de esas persecuciones.
   Como dijimos anteriormente, el lugar de lucha de la oposición es la conservación de los medios no oficialistas. Si estos desaparecen, la oposición desaparece. Y esa pérdida vendrá ejecutada desde la Justicia. No hay que sorprenderse: todos los regímenes antidemocráticos han utilizado a la Justicia para hacer el trabajo sucio. Los jueces son quienes encarcelan cuando no corresponde. Ha ocurrido antes y ocurre ahora en el modelo que imita el cristinismo, el de Chávez; la juez María Affiuni es un caso paradigmático del sistema.
     Pese al enorme caudal de dinero y corruptela para conseguir hacerse de los medios, "la última batalla", el cristinismo aún no consiguió doblegar a los medios no oficialistas, pero sabe que en su "vamos por todo", vencidos éstos la oposición dejará de existir, porque no podrá comunicarse. De hecho es una lógica de guerra: cortar las comunicaciones del enemigo es objetivo principal en cualquier conflitcto.
   Y lo podrá hacer en tanto consiga doblegar a la Justicia. Dominándola podrá con cualquier objetivo. Así, y con las leyes represivas ya sancionadas -y con las que se podrán sancionar con su mayoría en el Congreso-, el cargo de Procurador de la Corte significa el aunamiento de la decisión punitiva sobre todos los fiscales del país. Entiéndase lo siguiente: sancionada una ley, no cumplirlo por quienes son sus ejecutores comprende actuar delictualmente. El incumplimiento de los deberes de funcionario público existe cuando un fiscal o juez no cumple una ley, y las leyes persecutorias -a menos que se declaren inconstitucionales-, están ahí, listas para ejecutarse.
   Alejandra Gils Carbó, con antecedentes excesivos contra Clarín y La Nación es, entonces, la persona ideal para terminar de despejar la cancha para el oficialismo, ya que se presupone que irá contra los medios, doblegándolos. E instalando con ello el partido único, ya que -repetimos- sin medios la oposición no podrá ser ni existir.

   Entonces el momento de la oposición, ahora, es central, inflexivo: si no hace uso del poder de veto que le otorga la necesidad de los 2/3 de votos para elegir al candidato a la Procuración y, en vez de hacer este análisis, se queda en los antecedentes mejores que los de Reposo para aceptarla, estará firmando con su propia mano su sentencia de muerte: al día siguiente de aceptada, ya no podrán detener la gestión con que defenderá los postulados oficialistas que, tarde o temprano -yendo contra los medios y, luego, aplicando las leyes represivas-, extinguirá a  la oposición.
  Ergo la oposición deberá, férreamente, pararse en su tercio restante y no dar lugar a ningún postulante que no sea de consenso; un postulante que no venga para cubrir al oficialismo y a arrasar con quienes no obedezcan.
   Hoy, a menos que la economía traiga enormes sorpresas, la oposición empieza a jugarse su destino.

lunes, 11 de junio de 2012

Oposición I: el "vamos por todo" como lucha permanente

            Defino oposición: todo lo que no es el oficialismo. Hoy en Argentina el oficialismo es el cristinismo-kirchnerismo y, para resumir su objetivo utilizo su propia frase definitoria: "vamos por todo". Todo es tautológico: todo. Cada espacio de poder -cual fuere este- pretende ser ocupado en forma excluyente. Su pretensión es ocupar cada lugar en que haya otro, ya sea sindical, social, empresarial, institucional, en asociaciones profesionales, ONG's , clubes; todo. Allí donde alguien pueda ser  sustituido se intentará sustituirlo. Allí donde se pueda y que pertenezca a terceros se intentará su ingreso. Puerto Madero -un lugar de "otros"- es ahora su reducto: lo ocupó y por eso lo ostenta; consiguieron sus miembros ingresar allí y por eso no les molesta la crítica por esa ocupación, sino que ella es signo de reconocimiento.

           El formato del "vamos por todo" es muy sencillo. Al tratarse de un fin en sí mismo, la forma de conseguir se sujeta al fin y no al método. Entonces todo vale mientras se consiga. Así se puede explicar por qué la corrupción no sólo no es mal vista, sino que es incluso alentada: es un método idóneo para recolectar los fondos que permiten acceder a otros lugares de poder. Si como funcionario licito con el 30% de comisión ilegal, el producido servirá para comprar las voluntades de, por ejemplo, concejales remisos a negociados posteriores.

    Ahora bien, el asunto es identificar esa voluntad de poder total, reconocerla. Sin darse cuenta de ello la oposición no podrá combatir eficazmente, no se dará cuenta de que está luchando. Y digo combatir porque el oficialismo ha instalado una verdadera guerra en ese sentido (recordemos el latiguillo marcial de Néstor Kirchner, "vamos a dar la batalla...").  Si no se advierte esa circunstancia se equivocará la apreciación no sólo sobre la pelea, sino también su tiempo y lugar, con resultados desastrozos. Sin esa advertencia, se interpretará un diálógo como real, y un cambio de decisión política se considerará  una reflexión democrática. Un alto para conseguir refuerzos marciales se creerá equivocadamente como una paz democrática.  
   Para que se comprenda: el vamos por todo no acepta treguas ni tiempos de espera; siempre se está en permanente lucha por acceder, porque el tiempo es tiempo de lucha.  Si no se comprende esto, se bajarán las guardias ante un silencio, silencio que será, simplemente, el tiempo que tarda el armazón bélico en rearmarse con mayores y más potentes refuerzos.
  El vamos por todo significa ocupar todo lo que pueda ser ocupado. Y el tiempo para obtener las cosas es este y en forma continua, sin descanso, porque un descuido puede significar perder un lugar. El poder así concebido tiene vocación y -aunque no se exprese- camino totalitario.
  Aún puede la oposición moderar ese camino. Por la democracia, debe intentarlo.



domingo, 10 de junio de 2012

Oposición II: el ring de lucha

    Explicamos de qué se viene el oficialismo: quiere todo. Aunque parece un fin legítimo, finalmente para ocupar lo que pertenece a otro y evitar la natural resistencia del desalojado, el método termina en violencia. Tengo una mala noticia: esa violencia queda justificada cuando tiene éxito, porque confirma el desideratum de actuación, ya que se consigue el "vamos por todo".
    En la Argentina de 2012 la oposición se encuentra ante una inesperada ayuda proveniente de alguien mucho más inesperado: la salida de Esteban Righi de la Procuración de la Corte por (la) causa del vicepresidente Amado Boudou. Sin esta exclusión desde el mismo poder la oposición no tendría el espacio que hoy se le presenta.
   Así, estos días la oposición pudo evitar la designación del no cualificado Reposo. En forma inmediata el gobierno dio otro nombre:  Alejandra Gils Carbó.  ¿Pero la oposición se ha dado cuenta cuál es su lugar acá y en el futuro respecto de esto?
     Posiblemente no.
  Veamos: el esquema de lucha del oficialismo para imponerse totalmente requiere un sólo medio: la anulación de la oposición en todo espacio de poder.  En gobernaciones, intendencias, empresas públicas y juzgados de todo el país lo está consiguiendo, siendo muy poco lo que a esta le va quedando. No obstante hay dos lugares que son fundamentales en esta lucha que el oficialismo ha instalado: los medios no oficialistas y la Justicia.
    Los hechos exhibidos por la prensa crítica coinciden en general con las ideas y posturas de la oposición. Sin pagar un centavo, la oposición encuentra su palabra crítica reflejada en los medios no oficialistas y aclaremos algo más: es el único modo al que tiene acceso para poder expresar su palabra, para comunicarse. Sin la prensa no oficialista ningún opositor podrá ser escuchado más que por su círculo de allegados. Para que un senador radical consiga que un ciudadano de Catamarca no sólo lo escuche sino que sepa que existe, sólo lo podrá hacer desde Clarín, TN, La Nación y Perfil.
    Ese es el paradigma que cuando se votó la ley de medios la oposición no identificó: que la oposición como sujeto comunicacional, sólo toma virtualidad si hay medios libres. Haciendo una yuxtaposición de causas: sin medios no oficialistas desaparece la oposición como tal.  Sin los medios no copados por el cristinismo, ningún dirigente de la oposición podrá ser escuchado por nadie: no podrá hacer campaña ni denunciar hechos ni exponer sus ideas. Virtualmente no existirá porque sin medios no se consiguen votos.
    Entonces ese es el ring principal de lucha al que está subido la  oposición: que los medios no oficialistas no sólo permanezcan, sino que necesitan desesperadamente cuidarlos. La suerte de la oposición está ligada a la suerte de Clarín, La Nación, Perfil y sus medios relacionados.
   Si estos desaparecen, no habrá más oposición ni alternativa. Por muchos años. 

jueves, 26 de abril de 2012

Argentina y la noria de la decadencia

Esto es como el huevo y la serpiente.

"El problema del país son las políticas neoliberales del pasado que destruyen nuestro futuro" alega gran parte de la sociedad, repetidamente y sin considerar con precisión el término.
Nadie toma la defensa ni la crítica sobre esa postura. Esta circula libremente.
La respuesta de la política a esa prédica es el estatismo. Este crece, descontrolado, en forma individual -todos quieren entrar al estado y también sus parientes y amigos- y de modo organizado, esto es la política copando los lugares y obteniendo contratos que los beneficien, creando amigos ricos que son los contratistas del poder.
Se forma así, entre otras ruinas, el llamado "capitalismo de amigos", una verdadera corrupción y enorme enemigo de la filosofía liberal.
El sistema se va destruyendo, porque una clase empresaria que no basa en la competencia y reducción de costos, genera pérdidas que todos pagan. A la larga, el sistema se destruye, viene la recesión, el empobrecimiento.
Surge el resentimiento por esta situación. La gente clama porque quiere que cambien las cosas. Las cosas, son, que hay varios nuevos ricos y el país está pobre.
 Y comienza nuevamente la prédica: "esto fue obra de la políticas neoliberales", atribuyéndole a dicha concepción los errores del estatismo transformado en corrupto capitalismo de amigos.
Y vuelve todo a empezar: nuevamente estatismo y corrupción, para volver al mismo círculo. Y siempre echándole la culpa a una concepción que nunca se puso en práctica; sólo capitalismo de amigos, el perpetuo círculo de empresarios sin capacidad competitiva, cargando sus costos en la sociedad. 
Argentina a pleno. Sin contradictores que lo pongan en evidencia. 

domingo, 22 de abril de 2012

Juicio por jurados en Mendoza a propósito de la experiencia cordobesa

            En las II Jornadas sobre Oralidad que desarrolló el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado,  los días 7 y 8 de septiembre de 2011, durante la segunda jornada expuso el Dr. Mario Comes, miembro de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco en Córdoba (exposición que tuve el honor de presentar), quien habló sobre “Juicio por jurados, experiencia en Córdoba”.
            De todas las charlas escuchadas durante los dos días de las Jornadas, posiblemente ésta fue la que mayor énfasis despertó en el público presente, dado que la novedad del juicio por jurados es ciertamente resistida o estudiada con precaución por gran parte de los actores del sistema.
            Hay varios motivos para ello.    El primero y fundante es la posibilidad de un cambio de estructura general acerca de una modalidad que –sin jurados públicos- tiene vigencia desde el inicio del país, profundizándose en el siglo XX, esto es, los tribunales exclusivamente técnicos. De hecho, nuestras judicaturas pertenecen al plano de las instituciones que hay que defender.
            Este motivo inicial descubre mayormente otras racionalizaciones posteriores acerca de la presunta negatividad que el juicio por jurados impone. Como una derivación no costumbrista sino proveniente  del sistema como tal,  conspicuos miembros de la magistratura local observaron algunas cuestiones centrales que no ocurren en el sistema de jueces técnicos y que son vistas con distintos grados de desaprobación: la igualación de voto entre los jueces y los miembros del público, la exclusión de los profesionales del derecho del jurado, la justificación fundada de la sentencia cuando se está en contra de la decisión tomada y también cuando dicha decisión está por fuera de las categorías de la dogmática penal y, fundamentalmente y ya en el plano concreto: el rompimiento de la garantía de la sana crítica racional, vértice que, para la jurídica tradicional, representa prácticamente el quid del sistema: un juez que utiliza el sentido común a través de las reglas incólumes de la lógica – la lógica material o tradicional-, la ciencia y la experiencia. Pero esencialmente porque la  libre convicción es la respuesta racional a la denominada íntima convicción, esto es, a la expresión del voluntarismo o los deseos sin cortapisas de quien ostenta la capacidad de establecer una condena.  Ya no que la sentencia provenga de reglas iguales para todos, sino solamente las provenientes de uno solo o de unos pocos individuos, desde su sentir personal; contra este disvalor se alza la libre convicción que es, en definitiva, una garantía.
            Ahora bien, el Dr. Comes respondió ante los cuestionamientos desde la descripción, con un tinte valorativo basado en su experiencia –negativa primero-, pero sí en su posterior conversión al sistema, luego del resonado caso Bertotti. Se mostró de acuerdo, cómodo con el sistema de jurados, y recordando que ese sistema significa, pese a su comodidad y acuerdo con él, una disminución real de los poderes de los jueces, un menoscabo de sus facultades. Esto legitima ya que implica que facultades que antes se ejercían ahora pertenecen a otros y quita la sospecha de quien apoya algo que  lo favorece.
            No obstante no hizo una defensa ante las argumentaciones y reflexiones objetoras que el público mayormente hacía. Creo que aquí viene la cuestión, la explicación de su carencia de defensa inicial pero que luego expuso: en su frase final hizo tal vez, a mi juicio, una central respuesta a los naturales cuestionamientos que parte de la magistratura y la abogacía mendocina se hacen: el cambio de paradigma.
            Luego de la acentuada crítica al juicio por jurados, el Dr. Comes, a modo de colofón, dijo: “esto se comprenderá más dentro de una experiencia de adversarialidad. Córdoba tiene muchos años de oralidad y de adversarialidad”.
            Esa última frase, posiblemente la única cuya defensa fue expresar –indirectamente- su propio cuestionamiento al sistema tradicional mendocino –en cuanto a una tradición activamente indiferente al juicio por jurados-, fue expresar  que el juicio por jurados se entiende mejor desde otra óptica. Como que, si bien las críticas eran honestas e idealmente válidas e, incluso, irrefutables como la objeción a la íntima convicción-,  lo cierto es que se está ante otro lugar de ejercicio judicial, donde la adversarialidad –aunque mejor sería acá hablar de la acusatoriedad- trae consigo una serie de rasgos y características que exceden el marco de la crítica que en Mendoza se expresa contra dicha forma de juzgar.
            Posiblemente lo que quiso decir fue que desde la adversarialidad y, agrego, el sistema plenamente acusatorio, las pretensiones procesales que sobre el juez existen –como la negativa a la íntima convicción-, no tanto se previenen, sino que  se desenfoca esa decisión exclusiva del juez en relación con la decisión que otros –las partes, el jurado- toman bajo este nuevo modelo. Así, en un adversarial puro sin jurados, las decisiones de los jueces quedan mediatizadas por la actuación de las partes en conflicto, sin poder apartarse de ello. Desde este camino, los requisitos de sana crítica racional lo serán dentro el acotado espacio que esas partes ofrecen y exponen en el curso del procedimiento y el debate. Es decir que los valores del sistema de jueces técnicos pasan a mezclarse con los valores del sistema de apertura del control de la acción. Así, a más valores, todos terminan siendo más livianos, menos “valiosos” relativamente.
            Se comprende esto desde un cambio de paradigma. De pasar la atención que pesa sobre el juez, trasladándola ahora a las partes en conflicto. Así, si bien es realmente mejor la sana crítica racional que la íntima convicción, son otros ahora los valores que impregnan el proceso.
Tal cuestión se puede pensar que sería como comparar en iguales términos una decisión normada con una decisión que sólo proviene de un sentir personal.
            Pero no, no se trata de eso, que significaría la equivalencia de un valor con su ausencia (la íntima convicción es la ausencia de la sana crítica racional), sino que se trata de dos puestas en valor distintas. Ya no es la decisión fundada de un grupo o un individuo técnico como valor de justicia, sino la decisión que otros  que  representan un querer –de condena, el fiscal; de libertad, el defensor- toman y de cuya dialéctica conflictiva surge ese nuevo valor de justicia. Allá el juez; en este, ahora, las partes.
            Y ese desenfoque de quien toma la decisión deja un poco de  lado la constelación de valores, normas y jerarquías propio del sistema de jueces exclusivamente técnicos.  Es otro el  valor, y es el que si la sociedad lo acepta, termina legitimado, y por tanto se hace, en otros términos, justicia.
            Comes no contrarrestó la carga contra el juicio por  jurados, pero esa última frase, esa recomendación suya entiendo que bastó. También podría haber dicho que el sistema tradicional tampoco cumple los enunciados desde los cuales se intenta protegerlo. Así la sana crítica racional, que implicaría una uniformidad decisoria, se ve mortalmente atacada en los votos en disidencia (dado que entonces alguno de los baremos falló), o en las distintas decisiones tomadas por los demás actores del sistema; no explica cómo un fiscal, un defensor y un juez tienen todos decisiones distintas sobre un mismo hecho histórico, es decir, un hecho que no puede ser alterado. La interpretación existente en los distintos sujetos técnicos altera fundamentalmente el resultado. Nos queda el consuelo stamleriano de intentar descubrir el mal razonamiento mediante la libre convicción, pero tampoco esto alcanza para justificar la existencia de la disidencia, vector central.
            O, tal vez, y esto tampoco lo dijo, pero si nos dejamos guiar por el  estudio de la Universidad de Princeton de Ziva Kunda sobre “razonamiento motivado” (1990) las decisiones tomadas lo son ya previamente, y luego se buscan los motivos para fundarlas.  Y ese parece ser normalmente el cuadro a la hora de decidir, mal que nos pese.
            El espacio, entonces, de decisión pertenece a lo personal. Y en ese ámbito, es por el que tal vez Mario Comes nos indique la viabilidad y no el temor al juicio por jurados, tal vez obtenida postura en forma intuitiva  y sin duda experiencial.  Si individualmente tomamos nuestras   decisiones  y luego fundamos para justificarlas, mejor es que sean más personas las que deciden que menos.
              Por supuesto, esto no evita el análisis de esta institución jurídica dentro del contexto de una solución más dentro de la Justicia mendocina, donde previamente deberá hacerse una evaluación de costos, oportunidad, y que se establezca una previsibilidad de respuesta y solución, y no que se convierta en un problema más que entorpezca, nuevamente -pensemos los nuevos fondos que la justicia solicitará a la política y esta otorgará o no, o a qué se otorgará-, la finalidad esencial del Poder Judicial: que más gente y más rápidamente obtengan una decisión de justicia. Sino estos más que deciden, provocarán que menos reciban su parte.

jueves, 5 de abril de 2012

Boudou y el último recurso

No ha sido mala la aparentemente inexplicable jugada de Boudou consistente en agredir a todo el mundo. 
Eligió su enemigo pero este no es a quienes insultó: su enemigo es la presidente.
Si se observa tiró contra todos los actores relacionados directamente con el enemigo inventado por el kirchnerismo para sostener su aparente batalla de aparentes victorias. Incluso fue mucho más allá, hiriendo a actores que no se encuentran en el nudo del conflicto inventado, como la sociedad de bolsa y otros.  Aunque si se tuviera que establecer un sector, el que delineó grotescamente Boudou está más cerca del origen del mal, la oligarquía y todo lo que representa la parafernalia bélica del discurso presidencial: la "corpo" (perdóneseme usar esa espantosa palabra), liderada por el líder de las tinieblas, Magneto/tto.

Pero esos no son los enemigos de Boudou. Sabiendo que las pruebas lo incriminan de modo concluyente -y su discurso aceptó los hechos con lo cual el video de su locución es prueba contra él mismo en el juicio-, le arrojó un ultimatum a la presidente consistente en esto: "estos son tus enemigos y ahora hay muchos más, pero si pierdo será porque ellos, esa "mafia" ganó la pulseada de poder, en consecuencia Cristina, te ganaron a vos". 

Atento a que tanto la presidente como su sector se mueven dentro de los medios y del discurso exclusivamente, Boudou y parte de la propia idiosincracia creada por la presidente abonarán que, efectivamente, el vicepresidente caído sería la principal derrota de Cristina, ya que no pudo ir contra los grupos oligárquicos y estos inventaron una mentira con éxito -la corrupción- y se llevaron puesto a su alfil. Boudou repetirá una y otra vez, ya fuera, que esos grupos le ganaron a la presidente.
  
   Es la encerrona del discurso presidencial el ardid de Boudou. Por estas horas ella estará pensando que el resultado del vice puede significar una derrota en su maquinación ideológica. El cálculo es, pues, puramente mediático y de poder. Oscila entre el artificio bélico discursivo, y la caída de imagen por sostener la corrupción.

  Hoy, la jugada de Boudou fue al centro emocional y discursivo del poder ideológico. Desde el punto de vista del poder fue táctico; desde el de un país víctima de corrupciones, es una tragedia.

viernes, 23 de marzo de 2012

Nacionalismo: discriminación producida por quienes te administran

 Si estuviéramos en un negocio haciendo cola para comprar una computadora que cuesta US$500, viendo que cada uno que está en otras colas consigue su modelo luego de abonar los quinientos, suponga  que cuando nos toca a nosotros nos piden US$1000, seguramente  nos quejaríamos por esa diferencia. Despotricaríamos fuertemente, y podríamos decir frases al efecto "¿acaso nuestro dinero no vale? (indirectamente nuestro trabajo), o "¿qué clase de personas somos que tenemos que pagar el doble por lo mismo?". Nos sentiríamos, pues, discriminados.
  Quite la situación del ejemplo de hacer cola ante un negocio y plántese en el mundo: a los argentinos los productos que compran los otros, nos cuestan el doble.
  Viene la segunda parte de la experiencia: que no tengamos los US$1000 que nos piden. Ni siquiera podemos comprarlo.
   Estamos entrando en esa instancia.  Pero hay un detalle aún más truculento: el vendedor y que pone los precios es, precisamente, un argentino.   Sabemos que más allá hay otras colas atendidas por chilenos, norteamericanos, brasileros. Queremos ir, pero no podemos: solo podemos comprarle al argentino, el que nos vende al doble; sonriente y feliz -mañana se va de vacaciones a un destino caribeño-, nos dice casi paternal: no te quejes, porque te puede ir peor.
 Eso es un modo de discriminación: que por haber nacido en un país determinado los productos te cuesten más hasta incluso no poder acceder a ellos.
No es la discriminación individual al estilo injurias, ni la producida por leyes clasificatorias -dicho sea de paso, como la de tierras limítrofes que acaba de sacar Argentina-, no: se trata de la imposibilidad de acceso a los bienes del mundo producida por las políticas en administrar tu país.
  Cuando se cierran fronteras con la incomprensible idea de que los bienes extranjeros nos perjudican, cuando se protegen a empresarios ineficientes internos, cuando se elevan los gastos del país para mantener a individuos que no producen (y a los que se les va cerrando aún más la posibilidad de que puedan producir), cuando parte de tus frutos se destina a mantener a una estructura burocrática que impone sus derechos, es decir, cuando estás bajo la concepción que se llama "nacionalismo", es el momento en que estás siendo discriminado, ya que las mejores cosas que este mundo hace para los individuos se te harán imposible de conseguir -salvo para unos pocos, justamente los que tomaron las decisiones que te convierten en alguien de segunda calidad; ellos sí las conseguirán e, incluso y más caro, te las venderán-.
  Hay que denunciarlo: el nacionalismo convierte a los nacionales en pobres -salvo la pequeña élite que toma esas decisiones-. 
  Que no lo maquillen de patriotismo, el nacionalismo justamente no lo es. 

viernes, 16 de marzo de 2012

Propuesta lingüística: korrupción se escribe con K


No parece extraño a esta altura de los acontecimientos decir que posiblemente no se haya escuchado ni visto mayor corrupción en Argentina que la protagonizada por el kirchnerismo. Jamás se ha percibido tanta extracción del dinero público por parte de un gobierno en conjunto con un sistema no sólo de impunidad, sino de defensa pública de esa corrupción, agregando la agresividad institucional a quienes la denuncian.
Ni en los tiempos de Carlos Menem, el gran corrupto, se estuvo ante una situación así, la que de para algunos debe llamarse "Estado de corrupción", es decir, cuando ya no son hechos aislados, sino una acción mayoritaria y, aparentemente, organizada.
A diferencia de la época de Menem, en esta kirchnerista la corrupción es generalizada, agregando impunidad y celeridad para obtenerla, así como la inaudita defensa pública de sus seguidores -pagos o no-, la utilización del sistema judicial y persecutorio para ir contra los denunciantes, así como la agresión propia de una dictadura contra los medios, esencialmente los que informan de este saqueo público.
Por ello, y para no redundar, para ser económico en el uso del lenguaje, a efectos de que no sea necesario decir por ejemplo "la corrupción del kirchnerismo" o "en el gobierno de los Kirchner impera la corrupción", propongo en los escritos que la palabra "corrupción" se escriba con k: "korrupción".
Esta sintaxis nos permitiría resumir y describir el asunto con mayor facilidad, ya que es un sobreentendido de la sociedad argentina. Si hablamos de otros saqueos al estado, diremos corrupción -por ejemplo la de Menem, o de algún gobernador de otra época o ministro de economía en particular-, pero para referirnos a esta, tan exagerada y totalizadora, usaremos el término preciso: Korrupción. Hasta puede ser antonomásica: "la" korrupción.
Creo, incluso, que de usarse como corresponde -ha hecho mucho este gobierno como para que el lenguaje se defina en ese sentido-, la Real Academia Española podría recibir el término y señalar: Korrupción: dícese del período de saqueo de las arcas públicas argentinas desde el año 2003 durante los gobiernos del matrimonio Kirchner".

jueves, 15 de marzo de 2012

La UCR sigue fuera de camino

La UCR está dando muestras de su permanente vocación de sujeto de extinción. Atribuyendo posiblemente su  cargo de mala repetición del peronismo al haberse volcado al mismo tipo de políticas -pero sin el éxito del primero-, convirtiéndose en una gris copia, lo cierto es que después del fuertísimo golpe de las urnas de octubre de 2010 no ha parecido haber recibido el tremendo azote y continúa bajo los mismos caminos que lo fueron llevando, año tras año, al fatídico octubre.
  Analizando desde la experiencia histórica -atento que los seres humanos somos más bien repetitivos y que no tenemos un gen especial por el lugar de nacimiento-, la UCR, otrora el segundo partido del país, no se ha asomado al balcón que permite ver lo que ocurre en otros países donde imperan gobiernos con vocación autoritaria como el que continúa en el país. 
 En aquellos: Venezuela, Ecuador, Cuba, Bolivia, Rusia, etc. el manejo descomunal de dinero público y de la corrupción y los controles sobre la prensa terminan hundiendo a la oposición, la que se encuentra sin fondos, alejada del sistema cuando no perseguida y sin posibilidad de comunicarse con la sociedad por el impedimento de acceso a los medios. No obstante, esa oposición en algunos lugares ha sabido organizarse y, juntando fuerzas, quitar en las urnas el poder omnímodo.
  El caso que está dando enseñanzas actuales es el de la oposición venezolana la que se unió y, por elecciones, dispuso que Henrique Capriles Radonski luchara contra Chávez. Aún no se puede anticipar el resultado, pero lo cierto es que sin esa unión ninguno de los partidos tenía posibilidad de lucha contra el dictador.
 En Argentina el panorama se define, desde la oposición, por la UCR, en declive de votos, y el macrismo, que ganó en la capital del país y cuya experiencia en Córdoba fue sorpresiva. 
  Entre ambos -más el aporte de justicialistas excluidos del kirchnerismo-, existe la posibilidad de conformar una opción que, alejando el miedo del desgobierno, convoque a una real posibilidad de cambiar el futuro de la administración.
 Pero no. La UCR no ha determinado su valor en el actual contexto al no intentar aunarse con la oposición. Nombro tres hechos puntuales que lo indican. 
  Uno, la tentativa interna de sustituir al presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, por otro que fuere dialoguista con el gobierno. Dialoguismo puede significar, en la práctica, que en vez de controlar se traben alianzas, precisamente la función que no tiene que tener la AGN, pero que desde el punto de vista político quita fuerza de oposición a la UCR ya que la pega al poder contra el que debe luchar.
  Otra fue la negativa a iniciar juicio político al vicepresidente Amado Boudou. Extraño es este caso ya que la oposición, con un poder judicial que crecientemente va siendo colonizado por el gobierno nacional, debe en realidad resguardar y mantener la mayor incolumidad en dicho poder para que no le sea usado en su contra (como ocurre en los países totalitarios); así es inteligente si apoya las medidas judiciables que enfrentan a dicho poder. 
 Pero no, al esforzado y arriesgado fiscal que pretende la causa, odiado y ya en hecha su cruz por el poder oficial, la UCR dijo que no hará juicio político a Boudou, lo que implica desestimar el interés social de la causa. El fiscal ya no sentirá que alguien apoya su investigación, y no necesitará inmolarse por condenar a quien la oposición no quiere lastimar. ¿Para qué investigar a Boudou, si la propia oposición -representante de la gente-, no tiene interés en ello?
  El tercer acto anti oposición es la votación a favor del gobierno nacional en intentar arruinar la carrera de Macri arrojándole el carísimo y deficitario sistema de subterráneos para que, cual Caballo de Troya-, el costo funda la gestión del macrismo restándole votos. Si la UCR piensa que los fondos nacionales serán trasladados junto con el servicio tal  como exigen las normas, cabe pensar que el nivel de ingenuidad es tan grande como para sospechar que no están haciendo política. 
  Sabiéndolo, entiendo que están tomando como ayuda la del poder central para restarle a su competidor dentro de la oposición; caso extraño cuando no se alcanzó el 12% de los votos y no se tienen posibilidades reales para el futuro, salvo la de ir desapareciendo. Y que ese poder central, más tarde los quitará a ellos del medio. 
  Estas acciones incluso los deja fuera de la opción de cambio para quienes están expectantes por algo que muestre otra dirección. Lucir la UCR que no advierte el peligro o que es funcional al gobierno es prácticamente lapidario. 
  Baste esto como broche de oro de esta gestión radical: en un programa televisivo, luego de que Ricardo Gil Lavedra dijo que no harían juicio a Boudou, el invitado posterior jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto agradeció públicamente (y con contenida ironía) la decisión de aquel.

  

lunes, 27 de febrero de 2012

El Poder Judicial como llave maestra del relato


   Si nos dedicamos a mirar a los regímenes autoritarios -y sobre todo los totalitarios- la historia nos dice que el trabajo sucio de ese tipo de gobierno ha terminado en manos del poder del estado presuntamente más prístino: la Justicia. 
  Luego de las invasiones o tomas de países por el comunismo en Europa a causa de la Segunda Guerra Mundial, a los opositores se los quitó de en medio -políticamente, pero peor aún: físicamente- a través de sentencias de jueces que, en vez de mantener independencia, trabajaron activamente en favor de esos regímenes opresivos.
  En un poder totalizador y que considera que el enemigo es aquel que no piensa y comulga con él, es un objetivo importante colonizar o doblegar al poder judicial para cerrar las tenazas del poder sobre la población a la que construye como enemiga.
  Lo importante para el régimen es no sólo tener un brazo ejecutor, sino que además esto le sirve funcionalmente a la estrategia de mantener la aparente legalidad, consistente en poder expresar públicamente que tal incómoda cuestión fue resuelta por la Justicia. Así las peores cuestiones pueden protegerse dándoles la falsa pátina de legalidad consistente en el baño de legalidad judicial, pero que oculta la voluntad del poder detrás.
  No es inmune a tal cuestión la Argentina, sino que por el contrario el uso de la Justicia se ha encontrado el arma eficaz para el mantenimiento del relato, a punto tal que las más flagrantes vejaciones al sentido común se ven amparadas por las decisiones judiciales, sirviendo como parte de una estrategia diseñada.
  Atento el carácter prominente de casos de corrupción generalizados, es que han aparecido denuncias por enriquecimiento ilícito, utilizándose para la construcción del relato la exacerbación del principio constitucional de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional), con una interpretación sobre el mismo que va más allá de la propia naturaleza de la garantía. 
  El principio de inocencia se define fácilmente: nadie es culpable hasta que una sentencia firme no lo diga. Esta fórmula procesal que significa que las sentencias de condena se dictarán cuando los jueces se encuentren absolutamente convencidos de la culpabilidad de una persona basados en prueba, tiene importantes limitaciones ya que el avance del proceso significa ir destruyendo esa posibilidad de inocencia, imponiendo cargas al imputado durante el mismo, pero siempre siendo el Estado el que debe asumir el trabajo de probar que tal persona es culpable y no al revés de que el ciudadano deba probar la inocencia que ya posee. Entre una y otra hay una importante diferencia con el fin de que el ciudadano no sea considerado siempre un sospechoso que deba dar excusas. 
  Pero desde el gobierno lo que hay es una utilización comunicativa del principio de inocencia cuyo mecanismo consta en el relato de dos etapas.
  La primer etapa ocurre cuando a un funcionario se le sigue una causa penal. El gobierno no toma cartas en el asunto salvo para atacar al denunciante y determina no tomar decisiones en base a esperar lo que la Justicia diga. Tácitamente da con esto una relevancia del principio de inocencia ya que el único acto esperable por parte del funcionario es solicitarle la renuncia, es decir, confirmar que la denuncia tenía su razón. 
  Ese tiempo de espera hasta que el poder judicial decida es sobrevalorado, por fuera del ámbito del propio poder ejecutivo -donde limita su poder de buena administración ya que en realidad no requiere de la Justicia para ejercer la función saneadora de la administración pública-.  Así, al delegar en la Justicia lo que por sí le corresponde, mantiene la situación irregular de su funcionario todo el tiempo del proceso, el que en Argentina, en particular en Capital Federal, es largo.
  La segunda etapa se da cuando el funcionario es sobreseído en el proceso o absuelto en juicio, ocurriendo allí que el gobierno confirma que basó su inactividad anterior en la confirmación del carácter inocente de su funcionario. 
  Con ese proceso realizado íntegramente por el Poder Judicial, el gobierno confirma sus decisiones y le otorga pátina de legalidad al asunto, por más flagrante que fuere a los ojos del sentido común y de las reglas de la buena administración.
  Más allá de que no necesita del Poder Judicial el gobierno para quitar de en medio a un funcionario o para encarar cuestiones relativas a su ejercicio -como por ejemplo arreglar inmediatamente los problemas de los trenes de Buenos Aires por citar un caso conocido-, lo cierto es que el dato oculto es que se juega con cartas marcadas, ya que el gobierno goza de la capacidad suficiente para dominar la voluntad de, por lo menos, algunos de los jueces, con lo que el proceso donde se dirime una decisión significa que esta ya está tomada de antemano, siendo la instancia judicial una mera pantalla con apariencia de legalidad que sirve para mantener el relato, pero cuyo resultado ya estaba previsto.
  Así, el Poder Judicial pasa a ser un brazo ejecutor del gobierno. Y, como mayormente las denuncias son por corrupción o por ineficiencia del estado, es el brazo, podríamos llamarle, "limpiador" de las oscuridades del Poder Ejecutivo. 
  Este uso de la formalidad legal cubriendo un contenido ilegal es parte fundamental de la estructura de, por lo menos, el gobierno del matrimonio Kirchner. Así, y de la mano de su principal hombre, el juez Norberto Oyarbide, los casos de enriquecimiento ilícito -sobre todo el del propio matrimonio, de un crecimiento patrimonial injustificable racionalmente de cuya condena hubiera quedado Cristina inhabilitada judicialmente para ser presidente-, más el de otros funcionarios, han contribuido a la estrategia comunicativa para no ejercer sus funciones más elementales para el seneamiento de la administración pública. En este punto el juez Oyarbide representa la destrucción del sistema republicano.
  Hasta ahora el relato se jalona con esta manipulación que termina convenciendo o dejando en un manto de duda a quienes no conocen los términos de los hechos de corrupción endilgados o que quieren creer que, si no hay un fallo judicial, sus políticos son inocentes.
  Pero, de seguirse por esta vía, -y todo indica que así será, a tenor de las leyes represivas dictadas a fines de 2012 por la presidente a través de sus legisladores-, se irá disolviendo el estado de inocencia cuando los denunciados sean quienes son contrarios al gobierno de modo permanente u ocasional. La ley antiterrorista, por ejemplo, pone en cabeza de los jueces el cumplimiento de una ley de persecución donde con la mínima prueba la libertad del inculpado corre peligro.   
  El ejercicio de este último caso -donde desde el gobierno se utiliza al poder judicial para atacar a los enemigos políticos- ocurre en las "democracias" de Rafael Correa en Ecuador, en la de Chávez en Venezuela -donde el caso "Affiuni", juez detenida ilegalmente desde hace dos años por voluntad del juez del chavismo es una mancha internacional de ese país-, y por supuesto en la Cuba de Castro, donde su código penal establece penas para quien ofenda el sentimiento de la Revolución Cubana; ¿qué lo ofende?: todo.
  Nosotros estamos comenzando a ir por esa vía. Y todo desde la construcción del relato. 
  

sábado, 25 de febrero de 2012

La Permanencia de la corrupción (instantánea desde el TBA)

     La tragedia del tren de Buenos Aires Sarmiento, con 51 víctimas fatales y más de 700 heridos, comienza a desnudar físicamente que la corrupción no es solamente un número que no altera la vida de la gente, una mera cuenta que, en realidad, sólo baja unas monedas el ingreso general. Es, como se ve, mucho más que eso, incluso peor.
     A la corrupción se la entiende normalmente en el sólo sentido -aunque gravísimo- de que algunos funcionarios se quedan con parte del dinero de todos, lo que de por sí es trágico, pero no es sólo eso, son varias las consecuencias de ese vil acto que, utilizando una raíz fonéticamente similar a la de tragedia, es de ciertamente contenido traidor, ya que el autor, elegido y puesto en el lugar de administrar los fondos de todos, basa su designación en la confianza de aquellos que entregan su dinero para el uso común; quedarse con ellos es, justamente, traicionar la confianza.
    Pero dejando de lado los factores morales del corrupto, lo cierto es que las consecuencias de la corrupción son varias y de largo plazo, cuestiones a las que hay que atender para evitar y conocer de qué se trata el futuro cuando la corrupción impera. 
   Para ello veamos de qué trata la corrupción. La concepción habitual es aquella que nombramos más arriba: el funcionario que se queda con dineros públicos. Así, pensada de ese modo, implica el acto individual de una persona que cambiará o modificará su status de vida; es el acto individual, aislado, de la corrupción.
   Pero cuando no es así sino que ya son muchos los que dan prima facie el aroma o estética de la corrupción, podemos decir que nos encontramos ante lo que algunos denominan "estado de corrupción", es decir, una generalización del saqueo público, instrumentado, que puede ser simbolizado con la frase "hacer caja". 
   ¿Qué significa hacer caja? Pues que, a más del dinero que individualmente los funcionarios toman para si, gran parte de lo que se saca va a un fondo común que, en el caso de que sean partidos o facciones, les servirá para seguir haciendo política y seguir permaneciendo.
   Un caso de hacer caja en Argentina fue, durante la época justicialista del menemismo (1989-1999), la fiesta que ese grupo gobernante hizo en Sky Ranch, donde -algunos de quienes participaron- festejaron haber recaudado por coimas la suma de 2000 millones de dólares.  
   En efecto, si usted siguió las vidas de los funcionarios y políticos de ese sector, todos, luego de irse del gobierno, quedaron con estilos de vida millonarios y muchos siguieron en la vida pública. Su principal exponente, el ex presidente Carlos Saúl Menem, ostenta no solo una vida fastuosa, sino que es actualmente senador por su provincia. Permanece en el sistema.
   Actualmente resuena todos los días el término hacer caja, aunque a diferencia de la época menemista, acá parece haberse incluido al Poder Judicial como guardián institucionalizado y garante de la corrupción. A diferencia del menemismo, por otra parte, el kirchnerismo o cristinismo contiene una ambición de poder permanente que el otro no tenía.
   Y en la permanencia es donde el estado de corrupción o el hacer caja brillan. Porque aquel que pueda acceder a fondos ilimitados es quien, efectivamente, posee las mayores cualidades para mantenerse en la política.
   Suponga que usted, que tiene un trabajo regular, quiere dedicarse a la política. Deberá hacerlo fuera de los horarios de trabajo y de la familia si es que no se encuentra cansado y con poco tiempo para la tarea. De hecho, la necesidad y la dedicación al trabajo son una de las mayores trabas u objeciones a la vida política. 
   Usted, entonces, se encontrará muy limitado para ejercer esa actividad, tanto la proselitista como la ejecutora en caso de que acceda a un cargo. 
  Pero estas trabas no ocurren para quien ha hecho una "caja", ya que puede dejar de trabajar -si es que antes lo hacía; las ganancias de la corrupción pueden significar no trabajar nunca más, es decir: tener tiempo-, y dedicarse de lleno a la política. Cuando usted pueda ir recién el sábado por la tarde a visitar un barrio para darse a conocer como político, el que hizo caja habrá ido hace dos lunes y varias veces. En la contienda, el otro tiene más posibilidades.
   Pero no sólo esas posibilidades de hacer política libremente son sólo para el: también lo son para su próxima generación. 
   Si se toma un momento -el poco disponible que usted tenga- en ver las familias de los políticos corruptos, verá que con regularidad sus hijos y sus familias continúan, de algún modo u otro, ejerciendo el poder. No es sólo por los contactos que generan y por la habitualidad de los partidos de introducir en la administración a sus acólitos, sino porque tampoco tienen las trabas limitantes de ejercer un trabajo. Cualquier político corrupto desde determinado cargo accede a ingresos que le permiten vivir el resto de sus días sin trabajar.
   Entonces, la corrupción no es sólo que alguien se quede con el dinero de todos, significa también que tendrá todas las garantías para permanecer, él y sus sucesores, en el poder. Si hace veinte años un corrupto le arruinó sus esperanzas, sepa que seguramente su hijo se las arruinará ahora, y su nieto después.
   Así que, volviendo al inicio, a la tragedia del Tren de Buenos Aires (el que representa históricamente corrupciones pasadas y sucesivas: generaciones de corruptos deben mucho al tren), no es razonable esperar que las ineficiencias que determinaron que el sistema funcione mal por que los fondos que allí iban se destinaron a la corrupción, vayan a solucionarse en el largo plazo por los caminos habituales, ya que en la cima del poder permanecerán, ellos o sus hijos, quienes tienen el manejo de la caja y, con ello, aseguran su futuro mientras usted -de cuyo trabajo la corrupción parasita-, no tendrá el tiempo para dedicarse a mejorar la política.
   Sepámoslo: la corrupción es la garantía oscura de que los corruptos se quedarán; es mucho más que quedarse con un vuelto.