En las II Jornadas sobre Oralidad que desarrolló el Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Comparado, los días 7 y 8 de septiembre de 2011, durante la segunda jornada expuso el Dr. Mario Comes, miembro de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco en Córdoba (exposición que tuve el honor de presentar), quien habló sobre “Juicio por jurados, experiencia en Córdoba”.
De todas las charlas escuchadas durante los dos días de las Jornadas, posiblemente ésta fue la que mayor énfasis despertó en el público presente, dado que la novedad del juicio por jurados es ciertamente resistida o estudiada con precaución por gran parte de los actores del sistema.
Hay varios motivos para ello. El primero y fundante es la posibilidad de un cambio de estructura general acerca de una modalidad que –sin jurados públicos- tiene vigencia desde el inicio del país, profundizándose en el siglo XX, esto es, los tribunales exclusivamente técnicos. De hecho, nuestras judicaturas pertenecen al plano de las instituciones que hay que defender.
Este motivo inicial descubre mayormente otras racionalizaciones posteriores acerca de la presunta negatividad que el juicio por jurados impone. Como una derivación no costumbrista sino proveniente del sistema como tal, conspicuos miembros de la magistratura local observaron algunas cuestiones centrales que no ocurren en el sistema de jueces técnicos y que son vistas con distintos grados de desaprobación: la igualación de voto entre los jueces y los miembros del público, la exclusión de los profesionales del derecho del jurado, la justificación fundada de la sentencia cuando se está en contra de la decisión tomada y también cuando dicha decisión está por fuera de las categorías de la dogmática penal y, fundamentalmente y ya en el plano concreto: el rompimiento de la garantía de la sana crítica racional, vértice que, para la jurídica tradicional, representa prácticamente el quid del sistema: un juez que utiliza el sentido común a través de las reglas incólumes de la lógica – la lógica material o tradicional-, la ciencia y la experiencia. Pero esencialmente porque la libre convicción es la respuesta racional a la denominada íntima convicción, esto es, a la expresión del voluntarismo o los deseos sin cortapisas de quien ostenta la capacidad de establecer una condena. Ya no que la sentencia provenga de reglas iguales para todos, sino solamente las provenientes de uno solo o de unos pocos individuos, desde su sentir personal; contra este disvalor se alza la libre convicción que es, en definitiva, una garantía.
Ahora bien, el Dr. Comes respondió ante los cuestionamientos desde la descripción, con un tinte valorativo basado en su experiencia –negativa primero-, pero sí en su posterior conversión al sistema, luego del resonado caso Bertotti. Se mostró de acuerdo, cómodo con el sistema de jurados, y recordando que ese sistema significa, pese a su comodidad y acuerdo con él, una disminución real de los poderes de los jueces, un menoscabo de sus facultades. Esto legitima ya que implica que facultades que antes se ejercían ahora pertenecen a otros y quita la sospecha de quien apoya algo que lo favorece.
No obstante no hizo una defensa ante las argumentaciones y reflexiones objetoras que el público mayormente hacía. Creo que aquí viene la cuestión, la explicación de su carencia de defensa inicial pero que luego expuso: en su frase final hizo tal vez, a mi juicio, una central respuesta a los naturales cuestionamientos que parte de la magistratura y la abogacía mendocina se hacen: el cambio de paradigma.
Luego de la acentuada crítica al juicio por jurados, el Dr. Comes, a modo de colofón, dijo: “esto se comprenderá más dentro de una experiencia de adversarialidad. Córdoba tiene muchos años de oralidad y de adversarialidad”.
Esa última frase, posiblemente la única cuya defensa fue expresar –indirectamente- su propio cuestionamiento al sistema tradicional mendocino –en cuanto a una tradición activamente indiferente al juicio por jurados-, fue expresar que el juicio por jurados se entiende mejor desde otra óptica. Como que, si bien las críticas eran honestas e idealmente válidas e, incluso, irrefutables como la objeción a la íntima convicción-, lo cierto es que se está ante otro lugar de ejercicio judicial, donde la adversarialidad –aunque mejor sería acá hablar de la acusatoriedad- trae consigo una serie de rasgos y características que exceden el marco de la crítica que en Mendoza se expresa contra dicha forma de juzgar.
Posiblemente lo que quiso decir fue que desde la adversarialidad y, agrego, el sistema plenamente acusatorio, las pretensiones procesales que sobre el juez existen –como la negativa a la íntima convicción-, no tanto se previenen, sino que se desenfoca esa decisión exclusiva del juez en relación con la decisión que otros –las partes, el jurado- toman bajo este nuevo modelo. Así, en un adversarial puro sin jurados, las decisiones de los jueces quedan mediatizadas por la actuación de las partes en conflicto, sin poder apartarse de ello. Desde este camino, los requisitos de sana crítica racional lo serán dentro el acotado espacio que esas partes ofrecen y exponen en el curso del procedimiento y el debate. Es decir que los valores del sistema de jueces técnicos pasan a mezclarse con los valores del sistema de apertura del control de la acción. Así, a más valores, todos terminan siendo más livianos, menos “valiosos” relativamente.
Se comprende esto desde un cambio de paradigma. De pasar la atención que pesa sobre el juez, trasladándola ahora a las partes en conflicto. Así, si bien es realmente mejor la sana crítica racional que la íntima convicción, son otros ahora los valores que impregnan el proceso.
Tal cuestión se puede pensar que sería como comparar en iguales términos una decisión normada con una decisión que sólo proviene de un sentir personal.
Pero no, no se trata de eso, que significaría la equivalencia de un valor con su ausencia (la íntima convicción es la ausencia de la sana crítica racional), sino que se trata de dos puestas en valor distintas. Ya no es la decisión fundada de un grupo o un individuo técnico como valor de justicia, sino la decisión que otros que representan un querer –de condena, el fiscal; de libertad, el defensor- toman y de cuya dialéctica conflictiva surge ese nuevo valor de justicia. Allá el juez; en este, ahora, las partes.
Y ese desenfoque de quien toma la decisión deja un poco de lado la constelación de valores, normas y jerarquías propio del sistema de jueces exclusivamente técnicos. Es otro el valor, y es el que si la sociedad lo acepta, termina legitimado, y por tanto se hace, en otros términos, justicia.
Comes no contrarrestó la carga contra el juicio por jurados, pero esa última frase, esa recomendación suya entiendo que bastó. También podría haber dicho que el sistema tradicional tampoco cumple los enunciados desde los cuales se intenta protegerlo. Así la sana crítica racional, que implicaría una uniformidad decisoria, se ve mortalmente atacada en los votos en disidencia (dado que entonces alguno de los baremos falló), o en las distintas decisiones tomadas por los demás actores del sistema; no explica cómo un fiscal, un defensor y un juez tienen todos decisiones distintas sobre un mismo hecho histórico, es decir, un hecho que no puede ser alterado. La interpretación existente en los distintos sujetos técnicos altera fundamentalmente el resultado. Nos queda el consuelo stamleriano de intentar descubrir el mal razonamiento mediante la libre convicción, pero tampoco esto alcanza para justificar la existencia de la disidencia, vector central.
O, tal vez, y esto tampoco lo dijo, pero si nos dejamos guiar por el estudio de la Universidad de Princeton de Ziva Kunda sobre “razonamiento motivado” (1990) las decisiones tomadas lo son ya previamente, y luego se buscan los motivos para fundarlas. Y ese parece ser normalmente el cuadro a la hora de decidir, mal que nos pese.
El espacio, entonces, de decisión pertenece a lo personal. Y en ese ámbito, es por el que tal vez Mario Comes nos indique la viabilidad y no el temor al juicio por jurados, tal vez obtenida postura en forma intuitiva y sin duda experiencial. Si individualmente tomamos nuestras decisiones y luego fundamos para justificarlas, mejor es que sean más personas las que deciden que menos.
Por supuesto, esto no evita el análisis de esta institución jurídica dentro del contexto de una solución más dentro de la Justicia mendocina, donde previamente deberá hacerse una evaluación de costos, oportunidad, y que se establezca una previsibilidad de respuesta y solución, y no que se convierta en un problema más que entorpezca, nuevamente -pensemos los nuevos fondos que la justicia solicitará a la política y esta otorgará o no, o a qué se otorgará-, la finalidad esencial del Poder Judicial: que más gente y más rápidamente obtengan una decisión de justicia. Sino estos más que deciden, provocarán que menos reciban su parte.
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