La amenaza jubilatoria y el copamiento del Poder Judicial

    Si uno observa los antecedentes de gobiernos de vocación totalitaria y autoritaria, verá que el trabajo sucio fue normalmente realizado por el poder judicial cooptado. Para citar un caso actual, en Venezuela son los jueces acercados o impuestos por Chávez quienes ejecutan las órdenes de éste, ya sea aprobar una confiscación o, como el caso de la juez María Afiuni, detenida sin sentencia desde 2009 por orden judicial del chavismo, ha provocado además una corriente de miedo en toda la magistratura, la que no se atreve a dictar orden alguna que pueda ser interpretada contraria a los deseos del dictador venezolano.
    Un dictador necesita de un sistema judicial para aplicar las leyes corruptas. El gobierno nacional ya copó el Congreso -de ahí salieron, entre otras, la ley de medios destinada a acallar la prensa independiente y las leyes tributarias y represivas de fines del 2012-, basta entonces encontrar quién las ejecute. Un factor clave será la persona que ejerza como Procurador de la Corte, el jefe nacional de los fiscales. Él manejará la acción penal, seguramente el poder más fuerte de una democracia. De hecho, a mi juicio, Righi se fue no tanto por el escándalo Boudou, sino posiblemente por -a su edad y carrera-, no querer mancharse con la persecución de civiles críticos, tal y como manda la ley  26734 conocida como ley antiterrorista.  
    Todavía el poder judicial mantiene cierta independencia, pero el desgaste va siendo continuo. La mejor forma desde el poder es la que se ha encontrado ahora: intentar que los jueces se vayan por sí mismos y se está logrando a través de un mecanismo no tan sutil, pero que logra el efecto deseado: tocarles el bolsillo. Mendoza está a la cabeza de tal tendencia, ya que nuestro poder político en el año 2005 logró una reforma constitucional para que los jueces paguen la obra social (pública), reafirmada ahora con el porcentaje para la atención de discapacitados en la misma obra.
   Así, el procedimiento ahora consta de amenazar con la reducción jubilatoria y con el pago del impuesto a las ganancias, extrañamente con venia del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti (http://bit.ly/PbCkpK).
   ¿Cómo funciona el asunto? En la actualidad los jueces que están en edad de jubilarse pero que pueden seguir trabajando por cuanto sólo se irían cuando ellos mismos lo dispongan se encuentran ante esta doble posibilidad: o irse ahora y con la jubilación ya asegurada -y con eso dejar la vacante-, o continuar en el cargo y, si hay una reducción jubilatoria, entrar posiblemente en una escalada de juicios. Ante ese panorama, cualquier juez decide lo más seguro: se retira ahora y sabe que al mes siguiente está cobrando su jubilación sin problemas.
  Si bien es discutible que la jubilación les pueda ser bajada sin reparos judiciales, lo cierto es que la mera posibilidad de estar en juicio -y/o de que la causa caiga en un juez afín a los intereses del poder ejecutivo-, ya plantea un futuro que consideran innecesario. En un punto, y bastante importante, esa jubilación puede ser considerada una afectación a la intangibilidad judicial. Lamentablemente en Mendoza, tal vez para evitar males mayores pero que ahora está ocurriendo con ganancias, la posición institucional de sus jueces es en principio no oponer reparos a dicha afectación.
   De hecho el tema es que con la simple amenaza basta para provocar aquello que la Constitución no quiere: que el magistrado pueda ser afectado de cualquier modo en su actividad. En términos monetarios la ganancia para el fisco -para los fines del gobierno- no significa un aumento significativo respecto de otros ingresos o exenciones de los que el gobierno tiene a su disposición.
   Lo que sí ocurre es que haya una invitación al éxodo de los jueces que están en edad de jubilarse, con lo que se conseguirán las vacantes para que el oficialismo pueda incorporar a sus jueces afines. Con las mayorías en todo el país y con el uso de la caja, es muy difícil que no consiga el oficialismo imponer a jueces que puedan seguir lo que se les exija. El sistema político no sólo instala a los jueces, sino que también los saca. Y un oficialismo con atribución plena y sin control de los fondos se encuentra en la posición necesaria para instalar un poder judicial dependiente, tal y como se ve en las provincias de estilo feudal.
   Mal presagio augura un poder judicial así. El ciudadano debe saber que, cuando hay un problema, sólo un juez se lo puede resolver. Si allí no hay justicia, sólo queda de fondo la selva.