lunes, 28 de enero de 2013

Felicidad para un terrorista iraní: efectos jurídicos in personam del pacto Cristina-Ahmadineyad

     Suponé q sos uno de los terroristas iraníes q puso la bomba en la AMIA, y q no podés hacer lo mismo en alguna otra ciudad del mundo donde tengas determinado realizar otro atentado. Tenés un motivo importante por el cual no podés viajar: hay una orden internacional de captura de parte de Argentina que pende sobre vos como una espada de Damocles y que, en cualquier aeropuerto del mundo, un juez o interpol con la orden te detendrá y llevará a una prisión en Argentina mientras dure el proceso. O, depende del país, primero irás a una cárcel del país que te detuvo y, si algún fiscal o juez encuentra que tuviste participación en un delito allí -o, mientras dura la posible extradición-, algún otro país encuentra un testimonio que te vincula, estarás tironeado por las justicias que te reclaman. Todo este tiempo estarás sin libertad, y eso te elimina como terrorista o, si estás relacionado con el poder, para ejercer cualquier cargo. 
    Esa orden en Argentina es incapacitante para tus actividades, y sabés que es imposible quitártela de encima, porque para ello deberías comparecer a ese proceso en Buenos Aires, ser detenido, permanecer en ese país en caso de que te liberaran -pero que no lo lograrás porque no tenés domicilio estable en Argentina-, y, finalmente, conseguir un sobreseimiento o una absolución. 
    Pero no es tan imposible. 
    De un modo que nadie hubiera imaginado el país donde pusiste la bomba que mató ciudadanos argentinos deslinda juzgarte. Ese país no quiere ahora mantener los requerimientos de justicia de su Poder Judicial. Ese país, ahora, quiere que tus propios pares, es decir, gente de tu propio partido, de tu propia nacionalidad, parientes tal vez,  te juzguen.
    Increíblemente, el primer acto para que eso opere es que las órdenes de captura queden sin efecto. Ya no serán válidas porque el estado requirente no tiene la intención de juzgarte, en consecuencia los aeropuertos del mundo nuevamente serán viables para vos. Podés ir a organizar atentados y ver cómo explotan tus bombas allí mismo, en el lugar. O ir a impartir clases de terrorismo moderno en las FARC o la ETA, con alguna estadía en un cinco estrellas de Caracas.
   Esa comisión que te juzgará en tu país es soberana, y no partirá desde una acusación extranjera, sino que reveerá la causa, es decir que todas las actuaciones procesales coercitivas quedarán sin efecto, y serás nuevamente libre, y todo comenzará de nuevo. Y eso sin pensar los problemas surgidos a consecuencia de la dificultad de que esa comisión se junte plenamente, porque cada vez que la misma no pueda integrarse -por una enfermedad de alguno de sus miembros, por la inercia de los enviados argentinos que no podrán viajar o no querrán hacerlo-, tu definición procesal (¿judicial? ¿comisional? ¿administrativa?) quedará postergada sine die. 
Tu gobierno, el de Ahmadineyad, acaba de conseguir una de las más grandes victorias diplomáticas: Argentina, a través de su presidente, ha desistido de perseguirte, sos libre nuevamente para expandir el terrorismo por el mundo. 
    Ahora falta que el Congreso de Argentina -que se lo da por descontado- apruebe tal pacto. Intertanto, ya podés ir tramitando el pasaporte necesario. 
    La revolución -a través de las armas, la sangre y los negocios sucios- vuelve a sonreírte.

lunes, 21 de enero de 2013

De la mendicidad agresiva a los barrabravas

Desde hace tiempo se empezó a considerar con indulgencia -bajo la idea de que no hay que criminalizar la pobreza- la actividad desarrollada por los denominados cuidacoches y con los limpiavidrios o trapitos.
  Esa actividad en muchos países se la denomina mendicidad agresiva. Es popularmente conocida y se relaciona esencialmente con los vehículos y el espacio público, donde los actores desarrollan su actividad: limpian los parabrisas de los autos en los semáforos en rojo, como cuidar vehículos en las calles o espacios no privados, como descampados cercanos a lugares de atracción pública, como  centros de recreación o de eventos deportivos.
  Si bien jurídicamente rompe una de las condiciones de los contratos civiles (sí, los contratos entre personas), ya que una de ellas impone su voluntad contra una sanción por no cumplir con el pedido, esto es, un insulto, una agresión o, en el caso de los vehículos estacionados, el hecho de dejarlos a certeras merced de que no estará igual al regresar, lo que hace que al ser una de las partes la dominante en la relación, el abuso de esta convierte en indeseado el acto y por tanto rechazado en general por la ciudadanía que lo sufre, lo cierto es que en Argentina, salvo excepciones, hay una indulgencia cuando no un apoyo explícito desde el poder para su permanencia en las calles.
   Esa defensa o sostén no sólo es irregular por estos motivos; piénsese también en el cuidado de coches compulsivo bajo el argumento -amenaza- de "cuidarlo".  Todos y cada uno de los titulares de esos vehículos pagan los impuestos suficientes a los distintos estados (nacional y provinciales) para obtener seguridad.  Los cuidacoches vienen a decir que no la hay (esencialmente no la hay si no se les paga), con lo que el ciudadano común paga su derecho a la seguridad dos veces: primero con sus impuestos y luego a los cuidacoches cuando estaciona su vehículo.
  El  tema no es menor cuando se piensa en las derivaciones surgidas a consecuencia de que el estado permita esta actividad de base coercitiva, donde su extensión va llegando a otros lugares.
  Sin ir más lejos y con alarmante aumento se escucha de las peleas de barrabravas en los espectáculos futbolísticos, donde en lugares como Buenos Aires se cobra más de $150 o $200 por auto el tiempo que dure el partido, bajo la amenaza cierta de que el que no pague no encontrará su auto sano al salir.
  Ocurre en Mendoza, también. Tanto en los sectores de por ejemplo el novísimo Arena Maipú donde en los espectáculos los cuidacoches cobran un precio y al salir la gente no hay nadie -con lo cual no hay seguridad-, como en la tradicional Fiesta de la Vendimia, donde le entregan (¿quién entrega?) las playas a cuidacoches y, también, al finalizar el acto (pero vaya a saber desde cuándo, seguramente apenas este comienza) no queda nadie "cuidando" y los autos están a merced de cualquiera. La policía, extrañamente, no interviene en la seguridad de esos vehículos pese a ser parte de su cometido a tenor de lo que se paga en impuestos.
   Así las cosas, la indulgencia en permitir esa agresiva actividad termina en su extremo siendo la base de sustentación económica de los barrabravas que cobran en las fechas del fútbol o de espectáculos, y donde surge la violencia por quién tiene el derecho, como barra, de cobrar. Y, como el negocio es grande (calcúlese ganancias por cada clásico a $200 el vehículo) y se sabe que los barras son personal de fuerza y punteros de la política, las ramificaciones se hacen demasiado sólidas y cada vez más peligrosas. Tocar dichos ingresos significa tocar el poder, el que por supuesto no responderá por esto, sino que dirá al cuestionarse públicamente que se pretende criminalizar a pobres, etc.
   Las extorsiones no se pueden permitir, bajo ningún aspecto. Luego crecen, y se hacen incontrolables. No se si lo comprenderán quienes miran con benevolencia y están a cargo del poder. Lo cierto es que abren la puerta a males peores.