Desde hace tiempo se empezó a considerar con indulgencia -bajo la idea de que no hay que criminalizar la pobreza- la actividad desarrollada por los denominados cuidacoches y con los limpiavidrios o trapitos.
Esa actividad en muchos países se la denomina mendicidad agresiva. Es popularmente conocida y se relaciona esencialmente con los vehículos y el espacio público, donde los actores desarrollan su actividad: limpian los parabrisas de los autos en los semáforos en rojo, como cuidar vehículos en las calles o espacios no privados, como descampados cercanos a lugares de atracción pública, como centros de recreación o de eventos deportivos.
Si bien jurídicamente rompe una de las condiciones de los contratos civiles (sí, los contratos entre personas), ya que una de ellas impone su voluntad contra una sanción por no cumplir con el pedido, esto es, un insulto, una agresión o, en el caso de los vehículos estacionados, el hecho de dejarlos a certeras merced de que no estará igual al regresar, lo que hace que al ser una de las partes la dominante en la relación, el abuso de esta convierte en indeseado el acto y por tanto rechazado en general por la ciudadanía que lo sufre, lo cierto es que en Argentina, salvo excepciones, hay una indulgencia cuando no un apoyo explícito desde el poder para su permanencia en las calles.
Esa defensa o sostén no sólo es irregular por estos motivos; piénsese también en el cuidado de coches compulsivo bajo el argumento -amenaza- de "cuidarlo". Todos y cada uno de los titulares de esos vehículos pagan los impuestos suficientes a los distintos estados (nacional y provinciales) para obtener seguridad. Los cuidacoches vienen a decir que no la hay (esencialmente no la hay si no se les paga), con lo que el ciudadano común paga su derecho a la seguridad dos veces: primero con sus impuestos y luego a los cuidacoches cuando estaciona su vehículo.
El tema no es menor cuando se piensa en las derivaciones surgidas a consecuencia de que el estado permita esta actividad de base coercitiva, donde su extensión va llegando a otros lugares.
Sin ir más lejos y con alarmante aumento se escucha de las peleas de barrabravas en los espectáculos futbolísticos, donde en lugares como Buenos Aires se cobra más de $150 o $200 por auto el tiempo que dure el partido, bajo la amenaza cierta de que el que no pague no encontrará su auto sano al salir.
Ocurre en Mendoza, también. Tanto en los sectores de por ejemplo el novísimo Arena Maipú donde en los espectáculos los cuidacoches cobran un precio y al salir la gente no hay nadie -con lo cual no hay seguridad-, como en la tradicional Fiesta de la Vendimia, donde le entregan (¿quién entrega?) las playas a cuidacoches y, también, al finalizar el acto (pero vaya a saber desde cuándo, seguramente apenas este comienza) no queda nadie "cuidando" y los autos están a merced de cualquiera. La policía, extrañamente, no interviene en la seguridad de esos vehículos pese a ser parte de su cometido a tenor de lo que se paga en impuestos.
Así las cosas, la indulgencia en permitir esa agresiva actividad termina en su extremo siendo la base de sustentación económica de los barrabravas que cobran en las fechas del fútbol o de espectáculos, y donde surge la violencia por quién tiene el derecho, como barra, de cobrar. Y, como el negocio es grande (calcúlese ganancias por cada clásico a $200 el vehículo) y se sabe que los barras son personal de fuerza y punteros de la política, las ramificaciones se hacen demasiado sólidas y cada vez más peligrosas. Tocar dichos ingresos significa tocar el poder, el que por supuesto no responderá por esto, sino que dirá al cuestionarse públicamente que se pretende criminalizar a pobres, etc.
Las extorsiones no se pueden permitir, bajo ningún aspecto. Luego crecen, y se hacen incontrolables. No se si lo comprenderán quienes miran con benevolencia y están a cargo del poder. Lo cierto es que abren la puerta a males peores.
lunes, 21 de enero de 2013
De la mendicidad agresiva a los barrabravas
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domingo, 26 de agosto de 2012
No es la reelección, es la república
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miércoles, 4 de julio de 2012
La amenaza jubilatoria y el copamiento del Poder Judicial
Si uno observa los antecedentes de gobiernos de vocación totalitaria y autoritaria, verá que el trabajo sucio fue normalmente realizado por el poder judicial cooptado. Para citar un caso actual, en Venezuela son los jueces acercados o impuestos por Chávez quienes ejecutan las órdenes de éste, ya sea aprobar una confiscación o, como el caso de la juez María Afiuni, detenida sin sentencia desde 2009 por orden judicial del chavismo, ha provocado además una corriente de miedo en toda la magistratura, la que no se atreve a dictar orden alguna que pueda ser interpretada contraria a los deseos del dictador venezolano.
Un dictador necesita de un sistema judicial para aplicar las leyes corruptas. El gobierno nacional ya copó el Congreso -de ahí salieron, entre otras, la ley de medios destinada a acallar la prensa independiente y las leyes tributarias y represivas de fines del 2012-, basta entonces encontrar quién las ejecute. Un factor clave será la persona que ejerza como Procurador de la Corte, el jefe nacional de los fiscales. Él manejará la acción penal, seguramente el poder más fuerte de una democracia. De hecho, a mi juicio, Righi se fue no tanto por el escándalo Boudou, sino posiblemente por -a su edad y carrera-, no querer mancharse con la persecución de civiles críticos, tal y como manda la ley 26734 conocida como ley antiterrorista.
Todavía el poder judicial mantiene cierta independencia, pero el desgaste va siendo continuo. La mejor forma desde el poder es la que se ha encontrado ahora: intentar que los jueces se vayan por sí mismos y se está logrando a través de un mecanismo no tan sutil, pero que logra el efecto deseado: tocarles el bolsillo. Mendoza está a la cabeza de tal tendencia, ya que nuestro poder político en el año 2005 logró una reforma constitucional para que los jueces paguen la obra social (pública), reafirmada ahora con el porcentaje para la atención de discapacitados en la misma obra.
Así, el procedimiento ahora consta de amenazar con la reducción jubilatoria y con el pago del impuesto a las ganancias, extrañamente con venia del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti (http://bit.ly/PbCkpK).
¿Cómo funciona el asunto? En la actualidad los jueces que están en edad de jubilarse pero que pueden seguir trabajando por cuanto sólo se irían cuando ellos mismos lo dispongan se encuentran ante esta doble posibilidad: o irse ahora y con la jubilación ya asegurada -y con eso dejar la vacante-, o continuar en el cargo y, si hay una reducción jubilatoria, entrar posiblemente en una escalada de juicios. Ante ese panorama, cualquier juez decide lo más seguro: se retira ahora y sabe que al mes siguiente está cobrando su jubilación sin problemas.
Si bien es discutible que la jubilación les pueda ser bajada sin reparos judiciales, lo cierto es que la mera posibilidad de estar en juicio -y/o de que la causa caiga en un juez afín a los intereses del poder ejecutivo-, ya plantea un futuro que consideran innecesario. En un punto, y bastante importante, esa jubilación puede ser considerada una afectación a la intangibilidad judicial. Lamentablemente en Mendoza, tal vez para evitar males mayores pero que ahora está ocurriendo con ganancias, la posición institucional de sus jueces es en principio no oponer reparos a dicha afectación.
De hecho el tema es que con la simple amenaza basta para provocar aquello que la Constitución no quiere: que el magistrado pueda ser afectado de cualquier modo en su actividad. En términos monetarios la ganancia para el fisco -para los fines del gobierno- no significa un aumento significativo respecto de otros ingresos o exenciones de los que el gobierno tiene a su disposición.
Lo que sí ocurre es que haya una invitación al éxodo de los jueces que están en edad de jubilarse, con lo que se conseguirán las vacantes para que el oficialismo pueda incorporar a sus jueces afines. Con las mayorías en todo el país y con el uso de la caja, es muy difícil que no consiga el oficialismo imponer a jueces que puedan seguir lo que se les exija. El sistema político no sólo instala a los jueces, sino que también los saca. Y un oficialismo con atribución plena y sin control de los fondos se encuentra en la posición necesaria para instalar un poder judicial dependiente, tal y como se ve en las provincias de estilo feudal.
Mal presagio augura un poder judicial así. El ciudadano debe saber que, cuando hay un problema, sólo un juez se lo puede resolver. Si allí no hay justicia, sólo queda de fondo la selva.
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martes, 12 de junio de 2012
Oposición III: la Procuración como factor de subsistencia
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lunes, 11 de junio de 2012
Oposición I: el "vamos por todo" como lucha permanente
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domingo, 10 de junio de 2012
Oposición II: el ring de lucha
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jueves, 26 de abril de 2012
Argentina y la noria de la decadencia
Esto es como el huevo y la serpiente.
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domingo, 22 de abril de 2012
Juicio por jurados en Mendoza a propósito de la experiencia cordobesa
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jueves, 5 de abril de 2012
Boudou y el último recurso
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viernes, 23 de marzo de 2012
Nacionalismo: discriminación producida por quienes te administran
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viernes, 16 de marzo de 2012
Propuesta lingüística: korrupción se escribe con K
No parece extraño a esta altura de los acontecimientos decir que posiblemente no se haya escuchado ni visto mayor corrupción en Argentina que la protagonizada por el kirchnerismo. Jamás se ha percibido tanta extracción del dinero público por parte de un gobierno en conjunto con un sistema no sólo de impunidad, sino de defensa pública de esa corrupción, agregando la agresividad institucional a quienes la denuncian.
Ni en los tiempos de Carlos Menem, el gran corrupto, se estuvo ante una situación así, la que de para algunos debe llamarse "Estado de corrupción", es decir, cuando ya no son hechos aislados, sino una acción mayoritaria y, aparentemente, organizada.
A diferencia de la época de Menem, en esta kirchnerista la corrupción es generalizada, agregando impunidad y celeridad para obtenerla, así como la inaudita defensa pública de sus seguidores -pagos o no-, la utilización del sistema judicial y persecutorio para ir contra los denunciantes, así como la agresión propia de una dictadura contra los medios, esencialmente los que informan de este saqueo público.
Por ello, y para no redundar, para ser económico en el uso del lenguaje, a efectos de que no sea necesario decir por ejemplo "la corrupción del kirchnerismo" o "en el gobierno de los Kirchner impera la corrupción", propongo en los escritos que la palabra "corrupción" se escriba con k: "korrupción".
Esta sintaxis nos permitiría resumir y describir el asunto con mayor facilidad, ya que es un sobreentendido de la sociedad argentina. Si hablamos de otros saqueos al estado, diremos corrupción -por ejemplo la de Menem, o de algún gobernador de otra época o ministro de economía en particular-, pero para referirnos a esta, tan exagerada y totalizadora, usaremos el término preciso: Korrupción. Hasta puede ser antonomásica: "la" korrupción.
Creo, incluso, que de usarse como corresponde -ha hecho mucho este gobierno como para que el lenguaje se defina en ese sentido-, la Real Academia Española podría recibir el término y señalar: Korrupción: dícese del período de saqueo de las arcas públicas argentinas desde el año 2003 durante los gobiernos del matrimonio Kirchner".
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jueves, 15 de marzo de 2012
La UCR sigue fuera de camino
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lunes, 27 de febrero de 2012
El Poder Judicial como llave maestra del relato
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sábado, 25 de febrero de 2012
La Permanencia de la corrupción (instantánea desde el TBA)
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jueves, 8 de diciembre de 2011
La destrucción del Pasado: Instituto Oficial de Revisionismo Histórico
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miércoles, 19 de octubre de 2011
Los intendentes no pueden ser re reelectos (Dedicado a Aldo Giordano)
Pese a la versión circundante, hoy, si un intendente quiere ir por su segunda reelección consecutiva se topará sorpresivamente con que no se encuentra constitucionalmente autorizado a ello.
El tema, que obedece a una mecánica republicana, indica que la reforma constitucional del art. 198 de junio de 2009 sí fue aprobada, pese a las particulares interpretaciones que desde el poder sobre ella se han hecho después de aquella votación para impedirla. De hecho tal reforma debería estar incluida en los textos públicos, tal como en los links de la Legislatura provincial.
La reforma comienza en 2007, cuando el Senado y la Cámara de Diputados, con mayoría de 2/3 tal como exige el artículo 223 de la Constitución, sancionan la ley 7.814, que declara la necesidad de la reforma y llama al pueblo para su aprobación -o no- en la próxima elección de junio de 2009.
Dicha propuesta de reforma constituyó en limitar a una la reelección de intendentes, con intervalo de un período de querer continuar.
Ese domingo los mendocinos concurrimos a votar, y triunfó el Sí con el 52,06%. Bien, triunfó la reforma, de gran avance institucional y democrático, pero ¿qué ocurrió después? Que desde el Poder Ejecutivo, apoyado luego por la UCR, con gran silencio del PD pese a ser los impulsantes de la reforma, se desestimó el valor del porcentaje de votos, trayendo al caso el fallo de 1989 de Sala I de la Corte Provincial, autos n° 41.713 "UCD y otros c/Gob. de la Prov. de Mza." (ED 133/721), donde con voto preopinante de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, se interpretó que los cómputos deben tomarse del total de empadronados y no de los votos emitidos, lo que reduce el 52%.
Ahora bien, un fallo judicial sólo actúa sobre el caso en cuestión, no para todos y el futuro. Y tal fallo no fue plenario y por tanto no obliga a la Corte en su decisión. Es aquella una opinión importante y sugerente, pero no obligatoria.
Luego la palabra oficial fue tornando a la práctica imposibilidad de sancionar la reforma (con algunos fuegos de artificio consistentes en cambiar por otra cuyo objeto es transformar el 223 y su supuesta mayoría para, a su vez, dejar abierto el canal para reformar toda la Constitución) y continuó, finalmente, en que había imposibilidad de promulgarla. Promulgar es poner en vigencia.
Ese fue el final discursivo, pese al 52% aprobatorio de la reforma, y los intendentes y sus respectivos partidos satisfechos, porque los oficialismos -los que pueden re-reelección-, permanecían con posibilidad de continuar. En el mapa electoral, ambos partidos, PJ y UCR, tienen y tendrán intendentes que pueden ir por la doble reelección, ergo desestimar la reforma coincide con sus propios intereses.
Sucede no obstante que aquí opera, fuera del discurso, el asunto jurídico, el que responde a lo que nuestra Constitución establece en cuanto a la excepcional consulta popular de base constituyente.
El paso siguiente desde la reforma es que el Poder Ejecutivo debe promulgar el nuevo artículo (art. 223 3° pár). Un acto de orden administrativo (la promulgación) nunca se encuentra por arriba de una ley; menos aún de una reforma constitucional. Tanto por jerarquía normativa (la Constitución está por arriba de la ley, y los actos administrativos son inferiores a éstas; mucho más lo son entonces de una norma constitucional o de su creación: la consulta popular) como por efectos del sistema republicano la reforma votada no puede ser jurídicamente interrumpida por un acto administrativo o por su carencia.
De hecho, en el procedimiento de sanción de leyes la Constitución establece que la ley será promulgada por el Poder Ejecutivo en forma expresa, pero sino "se reputa promulgado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días."
Entonces si para una ley se establece que si en 10 días el gobernador no la veta, ésta queda automáticamente promulgada, menor es incluso la influencia de ese acto cuando de la opinión del pueblo en votación constitucional se trata, porque es la voluntad expresa del constituyente y, por tanto, de la más alta jerarquía jurídica. Y lo cierto además es que la Constitución no autoriza a que se pueda vetar una reforma constitucional.
A cualquier efecto en las oficinas públicas del Poder Ejecutivo y en la Junta Electoral, no hay expediente alguno. De todos modos, si lo hubiera, este no tiene validez confrontativa contra una reforma. El único modo de anularla es que en cualquier caso el porcentaje siempre fuere menor al 50%, porque lo dispone la propia norma.
Dado este mecanismo constitucional es que la reforma del artículo 198 se encuentra promulgada y vigente desde julio de 2009, por promulgación automática y/o porque el Poder Ejecutivo no puede vetar.
Y debería ya figurar en los textos legales de la Provincia como tal. Entiéndase que ni siquiera por falta de publicación en el Boletín Oficial se puede detener una ley (sino se haría diariamente). El concepto es que una decisión popular de ese valor no puede quedar supeditada a un acto de otro poder cuyo valor es sólo instrumental o accesorio. La Corte, en autos 41.721 "Arana", incluso deslegitima el valor del Boletín cuando por otros medios se toma conocimiento público.
Así las cosas es que en Mendoza el intendente que desde junio de 2009 se pretenda para una re-reelección consecutiva, su postulación no está permitida por la Constitución, debiendo rechazarlo el organismo electoral, y cualquier ciudadano, partido político o elector puede válidamente interponer acción para evitar que esa candidatura se formalice y se vote en elecciones.
El intendente objetado -si aún pretende continuar- deberá ir por el fallo que lo autorice y no que lo mantenga, y dicha salvedad implica que, como no se encuentra autorizado a continuar, le costará probar el fumus bonis iure (humo del buen derecho) necesario para solicitar cautelares para mantener su posición, debiendo esperar el fallo final, si no que de obtenerlas lo serán para ver si podría acceder al cargo. Por tanto, si el fallo se demorase lo normal, seguramente la elección irá por su camino sin su candidatura.
No quita, si no que agrega, el hecho de que la interpretación de la Corte de 1989 ahora esté en duda desde la designación del ministro que ha manifestado mantener las decisiones políticas de su gobierno en la Corte, y estas son, hoy por hoy, interpretaciones de que el 50% de electores concurrentes son suficientes sin contabilizar el padrón total.
Hoy, los ciudadanos, tienen el poder de evitar las intendencias perpetuas, tal y como se expresó en su voto republicano de junio de 2009.
GIANNI VENIER
Este artículo fue publicado en diario Los Andes: http://www.losandes.com.ar/notas/2011/10/12/intendentes-pueden-re-reelectos-599433.asp
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jueves, 6 de octubre de 2011
Steve Jobs y los pequeños críticos
Para mi es un mal día. Falleció, joven, Steve Jobs, un creador. Sus productos, sus objetos imaginados, pueblan las estanterías, las casas y, sobre todo, las mentes de quienes los poseen como los que no. Creó fantasía en forma material. Con un poco de esfuerzo, sin necesidad de linajes o fueros de nobleza, alguno de sus inventos puede estar en tu mano, y vivenciar la fantasía de un iluminado ideada y creada a miles de kilómetros de distancia. Seguramente su proceso de creación estuvo motivado por la ganancia comercial, la que no impidió -por el contrario, y la realidad lo prueba-, el florecimiento de sus creaciones que, sin dudas, han mejorado el mundo.
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martes, 4 de octubre de 2011
Esperando el Paraíso
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miércoles, 6 de octubre de 2010
Cambalache dentro del cambalache
Escuchaba el tango Cambalache en la audaz bodega O. Fournier en San Carlos Mendoza, dentro de esa muy buena idea turística-cultural denominada "Tango por los caminos del vino", cuando se me ocurrió y le comenté a una reconocida ex directora de escuela que la letra del famoso tango ya podía ser leída de otro modo.
Para los que no lo recuerden, Cambalache expresa la decadencia en que comienza a sumirse la sociedad -y en ella nuestro país-, visto desde un ángulo de sociedad meritoria y justa, es decir, desde una perspectiva donde los ciudadanos se encuentran reconocidos por sus buenas acciones y a ellos les corresponde, en justicia, los reconocimientos de lo social. Así, desde este lugar, la sociedad que comienza a igualar pone en un mismo plano a personas de vidas totalmente distintas, para injusticia y dolor del que ha llevado una existencia ética: "Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor". Por supuesto que también critica a la igualación en otros ámbitos, no solo éticos, al impugnar esa mezcla de "ignorante, sabio, chorro, generoso y estafador".
Ahora bien, de lo que nunca tuvimos duda es que Cambalache es una crítica, una feroz animadversión a un síntoma de la realidad.
Y acá viene lo llamativo: Cambalache puede entrar como objeto dentro del mismo cambalache que expresa, dado que para lo que Discépolo y la sociedad entendieron como una crítica y un conjunto de valores expresados en esa letra, ahora, desde los modelos sociales y políticos basados en lo que en Argentina "el modelo", y en, por ejemplo, Venezuela "la revolución bolivariana", en realidad Cambalache pasaría a ser, para sus mentores y adalides, un discurso de lo que ellos llaman la derecha represiva, o derecha agromediática y relacionada con los remanidos grupos concentrados de poder, etc.
Es que si se observa bien Cambalache llama a un orden social meritorio, a un reconocimiento de abstenciones éticas -no robar, no matar, no cometer delitos- y de conductas expansivas: estudiar, trabajar, hacer el bien. Y esos valores, precisamente, son los que aquellos a los que me refiero intentan vincular con una descripción de lo que denominan derecha y, más precisamente, una mala derecha.
Entonces pasamos desde una simbología crítica: Cambalache como modelo a contrario sensu de la realidad que no nos gusta y que vamos viviendo, a, luego -ahora-, ser considerada un modelo reaccionario, un discurso de "la derecha".
Entonces Cambalache, cambiado su contexto por el predominio de las ideas que critica, queda inserto en el mismo cambalache.
Nada de esto, por supuesto, impedirá seguir disfrutando su música, y añorando una sociedad mejor.
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lunes, 27 de septiembre de 2010
Confundir con Clarín
Me llama mucho la atención la cuestión discursiva que utilizan los destructores de la República para disimular el fin de acallar la expresión pública, la prensa y el pensamiento crítico.
Han aprovechado el resentimiento propio de varias generaciones de un país que crea resentimiento, y donde en ese espacio de dolor, alimentado por los estereotipos de alguna filosofía ya atrasada, se ha podido en cierto modo instalar que el gran causante de los males argentinos es...Clarín!. Porque ya no se trata de analizar diagnósticamente cuál es la razón de nuestros males así como identificar cuáles son las políticas que nos puedan sacar de ellos, sino que, para el pensamiento y el sentir del resentimiento, es mejor, más visible, más facil echarle la culpa a un privado grande y poderoso, y que además es rico y, en ese contexto, odioso.
Ese es el enemigo creado. No es el desastre organizativo, no es la violación sistemática de las reglas de administración que han convertido al Estado en algo tan caro que sólo crea odio e inflación, no es la corrupción que desmoraliza, no es el desorden social, la irresponsabilidad política o el empresariado amigo del poder que se hace dueño de nuestro país por monedas, creando solo desmoralización. No es nada de eso porque en realidad es más facil suponer que hay un causante único y, de acuerdo con la moral impuesta, tiene que ser un individuo fuerte.
El resentimiento por todo eso ha sido reubicado: está el dolor, pero vamos a tapar las causas, vamos a atribuir esos resultados desastrosos a quien gran parte de la prensa -muchos imbuidos del típico discurso anti empresarial-, las élites de escritorio, consideran el culpable: el llamado "salvaje capitalismo", etiqueta de discriminación adonde van a parar todos los errores de los otros, de los verdaderos causantes.
Así, en ese plano, está el target a destruir, el que convoca a muchos en su contra, porque es un objetivo facil en esa sociedad que es alimentada en su resentimiento: Clarín, el gran diario argentino, el gran rico, el multimillonario salvaje y manipulador de los 480.000 ciudadanos que -pobres ellos, nunca entendieron nada...-, entregan diariamente su cerebro lector a los controles del ubicuo Magneto, el gran responsable desde Mariano Moreno para acá.
Maldita sea la sociedad democrática donde los que ahorran y hacen negocios crecen, ese es el paraíso del Diablo, justamente el diablo con clarinete y ediciones diarias.
Ese es el aprovechamiento del odio al que se supera, del odio al que tiene algo, encarado contra Clarín.
Pero no es por ese fin de distracción que se lo vincula a Clarín con el desastre, sino que es porque precisamente Clarín es el botín mayor de un grupo que quiere quedarse con el país, y sí, efectivamente, hacerle creer a toda la ciudadanía que estuvo equivocada, y que de ahora en más ellos les explicarán que todo estuvo mal y que hay que seguirlos a ellos, a los corruptos, a los Moreno -Guillermo-, a los Boudou, a los Oyarbide, los Rudy Ulloa, los Moyano. En fin, los k.
Pero no creamos que es solo distracción, no, es quedarse ellos y sus amigos con el sistema, es no tener a nadie que les discuta, porque suponen que la discusión les hará perder elecciones, y es la posibilidad de que, desde ese resentimiendo y de una apropiación a la que le han puesto ribetes ideológicos para taparla, se encuentra el gran negociado de la Argentina, el acto ultimador de nuestra Democracia: quedarse con la prensa libre, acallar para siempre a la opinión pública, destruir y mancillar a sus enemigos, extorsionar con nombre y apellido a quienes se les opongan, y sobre todo hacerse gigantemente ricos y multimillonarios y perpetuarse en todas las áreas del poder. Quedarse con todo el país.
Esto es, precisamente, el fascismo. Para quienes no lo conozcan, lo puedo describir así: eso que estudiamos en la historia que ocurrió a mediados del siglo XX y que pensamos que nunca nos iba a ocurrir.
¿Usted tiene un valor que preserva pero su idea es distinta de la del poder?: a usted lo van a poder destruir desde una prensa hecha solo para destruirlo a usted. ¿Es un buen ciudadano? Ellos dirán que no lo es. ¿Dirige un colegio y denuncia que los fondos públicos se los queda la Dirección de Escuelas? Empiece a preocuparse, porque apenas se queden con la prensa, usted será acusado de abusar de esos chicos a los que cuida. Pero no queda allí: tendrán testigos de que usted lo hace, y cuando vaya a la Justicia no podrá conseguir nada, porque a la Justicia también la amenazan con inventarles abusos, etc.
Esto es fascismo. Y ahora quieren que usted lo viva.
Cuando piense en Clarín, piense que medio millón de personas como usted pueden enterarse de que a quien usted votó se está quedando con su dinero. Si Clarín -entiéndase, la prensa-, desaparece, usted nunca más volverá a saber nada de su gobierno. Si usted no quiere a los monopolios, sepa que la supuesta pelea contra Clarín es sólo la máscara discursiva para lograr su buena vista en esa lucha, pero la verdad es que sólo quieren quedarse con la prensa, esa que a usted le dice que tal o cual funcionario se queda con el dinero que usted paga.
Piense en la libertad de expresión, muchos quieren que usted la pierda. No les entregue ese valioso derecho.
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Gianni Venier
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