El Poder Judicial como llave maestra del relato

   Si nos dedicamos a mirar a los regímenes autoritarios -y sobre todo los totalitarios- la historia nos dice que el trabajo sucio de ese tipo de gobierno ha terminado en manos del poder del estado presuntamente más prístino: la Justicia. 

  Luego de las invasiones o tomas de países por el comunismo en Europa a causa de la Segunda Guerra Mundial, a los opositores se los quitó de en medio -políticamente, pero peor aún: físicamente- a través de sentencias de jueces que, en vez de mantener independencia, trabajaron activamente en favor de esos regímenes opresivos.

  En un poder totalizador y que considera que el enemigo es aquel que no piensa y comulga con él, es un objetivo importante colonizar o doblegar al poder judicial para cerrar las tenazas del poder sobre la población a la que construye como enemiga.

  Lo importante para el régimen es no sólo tener un brazo ejecutor, sino que además esto le sirve funcionalmente a la estrategia de mantener la aparente legalidad, consistente en poder expresar públicamente que tal incómoda cuestión fue resuelta por la Justicia. Así las peores cuestiones pueden protegerse dándoles la falsa pátina de legalidad consistente en el baño de legalidad judicial, pero que oculta la voluntad del poder detrás.

  No es inmune a tal cuestión la Argentina, sino que por el contrario el uso de la Justicia se ha encontrado el arma eficaz para el mantenimiento del relato, a punto tal que las más flagrantes vejaciones al sentido común se ven amparadas por las decisiones judiciales, sirviendo como parte de una estrategia diseñada.

  Atento el carácter prominente de casos de corrupción generalizados, es que han aparecido denuncias por enriquecimiento ilícito, utilizándose para la construcción del relato la exacerbación del principio constitucional de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional), con una interpretación sobre el mismo que va más allá de la propia naturaleza de la garantía. 

  El principio de inocencia se define fácilmente: nadie es culpable hasta que una sentencia firme no lo diga. Esta fórmula procesal que significa que las sentencias de condena se dictarán cuando los jueces se encuentren absolutamente convencidos de la culpabilidad de una persona basados en prueba, tiene importantes limitaciones ya que el avance del proceso significa ir destruyendo esa posibilidad de inocencia, imponiendo cargas al imputado durante el mismo, pero siempre siendo el Estado el que debe asumir el trabajo de probar que tal persona es culpable y no al revés de que el ciudadano deba probar la inocencia que ya posee. Entre una y otra hay una importante diferencia con el fin de que el ciudadano no sea considerado siempre un sospechoso que deba dar excusas. 

  Pero desde el gobierno lo que hay es una utilización comunicativa del principio de inocencia cuyo mecanismo consta en el relato de dos etapas.

  La primer etapa ocurre cuando a un funcionario se le sigue una causa penal. El gobierno no toma cartas en el asunto salvo para atacar al denunciante y determina no tomar decisiones en base a esperar lo que la Justicia diga. Tácitamente da con esto una relevancia del principio de inocencia ya que el único acto esperable por parte del funcionario es solicitarle la renuncia, es decir, confirmar que la denuncia tenía su razón. 

  Ese tiempo de espera hasta que el poder judicial decida es sobrevalorado, por fuera del ámbito del propio poder ejecutivo -donde limita su poder de buena administración ya que en realidad no requiere de la Justicia para ejercer la función saneadora de la administración pública-.  Así, al delegar en la Justicia lo que por sí le corresponde, mantiene la situación irregular de su funcionario todo el tiempo del proceso, el que en Argentina, en particular en Capital Federal, es largo.

  La segunda etapa se da cuando el funcionario es sobreseído en el proceso o absuelto en juicio, ocurriendo allí que el gobierno confirma que basó su inactividad anterior en la confirmación del carácter inocente de su funcionario. 

  Con ese proceso realizado íntegramente por el Poder Judicial, el gobierno confirma sus decisiones y le otorga pátina de legalidad al asunto, por más flagrante que fuere a los ojos del sentido común y de las reglas de la buena administración.

  Más allá de que no necesita del Poder Judicial el gobierno para quitar de en medio a un funcionario o para encarar cuestiones relativas a su ejercicio -como por ejemplo arreglar inmediatamente los problemas de los trenes de Buenos Aires por citar un caso conocido-, lo cierto es que el dato oculto es que se juega con cartas marcadas, ya que el gobierno goza de la capacidad suficiente para dominar la voluntad de, por lo menos, algunos de los jueces, con lo que el proceso donde se dirime una decisión significa que esta ya está tomada de antemano, siendo la instancia judicial una mera pantalla con apariencia de legalidad que sirve para mantener el relato, pero cuyo resultado ya estaba previsto.

  Así, el Poder Judicial pasa a ser un brazo ejecutor del gobierno. Y, como mayormente las denuncias son por corrupción o por ineficiencia del estado, es el brazo, podríamos llamarle, "limpiador" de las oscuridades del Poder Ejecutivo. 

  Este uso de la formalidad legal cubriendo un contenido ilegal es parte fundamental de la estructura de, por lo menos, el gobierno del matrimonio Kirchner. Así, y de la mano de su principal hombre, el juez Norberto Oyarbide, los casos de enriquecimiento ilícito -sobre todo el del propio matrimonio, de un crecimiento patrimonial injustificable racionalmente de cuya condena hubiera quedado Cristina inhabilitada judicialmente para ser presidente-, más el de otros funcionarios, han contribuido a la estrategia comunicativa para no ejercer sus funciones más elementales para el seneamiento de la administración pública. En este punto el juez Oyarbide representa la destrucción del sistema republicano.

  Hasta ahora el relato se jalona con esta manipulación que termina convenciendo o dejando en un manto de duda a quienes no conocen los términos de los hechos de corrupción endilgados o que quieren creer que, si no hay un fallo judicial, sus políticos son inocentes.

  Pero, de seguirse por esta vía, -y todo indica que así será, a tenor de las leyes represivas dictadas a fines de 2012 por la presidente a través de sus legisladores-, se irá disolviendo el estado de inocencia cuando los denunciados sean quienes son contrarios al gobierno de modo permanente u ocasional. La ley antiterrorista, por ejemplo, pone en cabeza de los jueces el cumplimiento de una ley de persecución donde con la mínima prueba la libertad del inculpado corre peligro.   

  El ejercicio de este último caso -donde desde el gobierno se utiliza al poder judicial para atacar a los enemigos políticos- ocurre en las "democracias" de Rafael Correa en Ecuador, en la de Chávez en Venezuela -donde el caso "Affiuni", juez detenida ilegalmente desde hace dos años por voluntad del juez del chavismo es una mancha internacional de ese país-, y por supuesto en la Cuba de Castro, donde su código penal establece penas para quien ofenda el sentimiento de la Revolución Cubana; ¿qué lo ofende?: todo.

  Nosotros estamos comenzando a ir por esa vía. Y todo desde la construcción del relato. 

  

La Permanencia de la corrupción (instantánea desde el TBA)

     La tragedia del tren de Buenos Aires Sarmiento, con 51 víctimas fatales y más de 700 heridos, comienza a desnudar físicamente que la corrupción no es solamente un número que no altera la vida de la gente, una mera cuenta que, en realidad, sólo baja unas monedas el ingreso general. Es, como se ve, mucho más que eso, incluso peor.

     A la corrupción se la entiende normalmente en el sólo sentido -aunque gravísimo- de que algunos funcionarios se quedan con parte del dinero de todos, lo que de por sí es trágico, pero no es sólo eso, son varias las consecuencias de ese vil acto que, utilizando una raíz fonéticamente similar a la de tragedia, es de ciertamente contenido traidor, ya que el autor, elegido y puesto en el lugar de administrar los fondos de todos, basa su designación en la confianza de aquellos que entregan su dinero para el uso común; quedarse con ellos es, justamente, traicionar la confianza.

    Pero dejando de lado los factores morales del corrupto, lo cierto es que las consecuencias de la corrupción son varias y de largo plazo, cuestiones a las que hay que atender para evitar y conocer de qué se trata el futuro cuando la corrupción impera. 

   Para ello veamos de qué trata la corrupción. La concepción habitual es aquella que nombramos más arriba: el funcionario que se queda con dineros públicos. Así, pensada de ese modo, implica el acto individual de una persona que cambiará o modificará su status de vida; es el acto individual, aislado, de la corrupción.

   Pero cuando no es así sino que ya son muchos los que dan prima facie el aroma o estética de la corrupción, podemos decir que nos encontramos ante lo que algunos denominan "estado de corrupción", es decir, una generalización del saqueo público, instrumentado, que puede ser simbolizado con la frase "hacer caja". 

   ¿Qué significa hacer caja? Pues que, a más del dinero que individualmente los funcionarios toman para si, gran parte de lo que se saca va a un fondo común que, en el caso de que sean partidos o facciones, les servirá para seguir haciendo política y seguir permaneciendo.

   Un caso de hacer caja en Argentina fue, durante la época justicialista del menemismo (1989-1999), la fiesta que ese grupo gobernante hizo en Sky Ranch, donde -algunos de quienes participaron- festejaron haber recaudado por coimas la suma de 2000 millones de dólares.  

   En efecto, si usted siguió las vidas de los funcionarios y políticos de ese sector, todos, luego de irse del gobierno, quedaron con estilos de vida millonarios y muchos siguieron en la vida pública. Su principal exponente, el ex presidente Carlos Saúl Menem, ostenta no solo una vida fastuosa, sino que es actualmente senador por su provincia. Permanece en el sistema.

   Actualmente resuena todos los días el término hacer caja, aunque a diferencia de la época menemista, acá parece haberse incluido al Poder Judicial como guardián institucionalizado y garante de la corrupción. A diferencia del menemismo, por otra parte, el kirchnerismo o cristinismo contiene una ambición de poder permanente que el otro no tenía.

   Y en la permanencia es donde el estado de corrupción o el hacer caja brillan. Porque aquel que pueda acceder a fondos ilimitados es quien, efectivamente, posee las mayores cualidades para mantenerse en la política.

   Suponga que usted, que tiene un trabajo regular, quiere dedicarse a la política. Deberá hacerlo fuera de los horarios de trabajo y de la familia si es que no se encuentra cansado y con poco tiempo para la tarea. De hecho, la necesidad y la dedicación al trabajo son una de las mayores trabas u objeciones a la vida política. 

   Usted, entonces, se encontrará muy limitado para ejercer esa actividad, tanto la proselitista como la ejecutora en caso de que acceda a un cargo. 

  Pero estas trabas no ocurren para quien ha hecho una "caja", ya que puede dejar de trabajar -si es que antes lo hacía; las ganancias de la corrupción pueden significar no trabajar nunca más, es decir: tener tiempo-, y dedicarse de lleno a la política. Cuando usted pueda ir recién el sábado por la tarde a visitar un barrio para darse a conocer como político, el que hizo caja habrá ido hace dos lunes y varias veces. En la contienda, el otro tiene más posibilidades.

   Pero no sólo esas posibilidades de hacer política libremente son sólo para el: también lo son para su próxima generación. 

   Si se toma un momento -el poco disponible que usted tenga- en ver las familias de los políticos corruptos, verá que con regularidad sus hijos y sus familias continúan, de algún modo u otro, ejerciendo el poder. No es sólo por los contactos que generan y por la habitualidad de los partidos de introducir en la administración a sus acólitos, sino porque tampoco tienen las trabas limitantes de ejercer un trabajo. Cualquier político corrupto desde determinado cargo accede a ingresos que le permiten vivir el resto de sus días sin trabajar.

   Entonces, la corrupción no es sólo que alguien se quede con el dinero de todos, significa también que tendrá todas las garantías para permanecer, él y sus sucesores, en el poder. Si hace veinte años un corrupto le arruinó sus esperanzas, sepa que seguramente su hijo se las arruinará ahora, y su nieto después.

   Así que, volviendo al inicio, a la tragedia del Tren de Buenos Aires (el que representa históricamente corrupciones pasadas y sucesivas: generaciones de corruptos deben mucho al tren), no es razonable esperar que las ineficiencias que determinaron que el sistema funcione mal por que los fondos que allí iban se destinaron a la corrupción, vayan a solucionarse en el largo plazo por los caminos habituales, ya que en la cima del poder permanecerán, ellos o sus hijos, quienes tienen el manejo de la caja y, con ello, aseguran su futuro mientras usted -de cuyo trabajo la corrupción parasita-, no tendrá el tiempo para dedicarse a mejorar la política.

   Sepámoslo: la corrupción es la garantía oscura de que los corruptos se quedarán; es mucho más que quedarse con un vuelto.