De la mendicidad agresiva a los barrabravas

Desde hace tiempo se empezó a considerar con indulgencia -bajo la idea de que no hay que criminalizar la pobreza- la actividad desarrollada por los denominados cuidacoches y con los limpiavidrios o trapitos.
  Esa actividad en muchos países se la denomina mendicidad agresiva. Es popularmente conocida y se relaciona esencialmente con los vehículos y el espacio público, donde los actores desarrollan su actividad: limpian los parabrisas de los autos en los semáforos en rojo, como cuidar vehículos en las calles o espacios no privados, como descampados cercanos a lugares de atracción pública, como  centros de recreación o de eventos deportivos.
  Si bien jurídicamente rompe una de las condiciones de los contratos civiles (sí, los contratos entre personas), ya que una de ellas impone su voluntad contra una sanción por no cumplir con el pedido, esto es, un insulto, una agresión o, en el caso de los vehículos estacionados, el hecho de dejarlos a certeras merced de que no estará igual al regresar, lo que hace que al ser una de las partes la dominante en la relación, el abuso de esta convierte en indeseado el acto y por tanto rechazado en general por la ciudadanía que lo sufre, lo cierto es que en Argentina, salvo excepciones, hay una indulgencia cuando no un apoyo explícito desde el poder para su permanencia en las calles.
   Esa defensa o sostén no sólo es irregular por estos motivos; piénsese también en el cuidado de coches compulsivo bajo el argumento -amenaza- de "cuidarlo".  Todos y cada uno de los titulares de esos vehículos pagan los impuestos suficientes a los distintos estados (nacional y provinciales) para obtener seguridad.  Los cuidacoches vienen a decir que no la hay (esencialmente no la hay si no se les paga), con lo que el ciudadano común paga su derecho a la seguridad dos veces: primero con sus impuestos y luego a los cuidacoches cuando estaciona su vehículo.
  El  tema no es menor cuando se piensa en las derivaciones surgidas a consecuencia de que el estado permita esta actividad de base coercitiva, donde su extensión va llegando a otros lugares.
  Sin ir más lejos y con alarmante aumento se escucha de las peleas de barrabravas en los espectáculos futbolísticos, donde en lugares como Buenos Aires se cobra más de $150 o $200 por auto el tiempo que dure el partido, bajo la amenaza cierta de que el que no pague no encontrará su auto sano al salir.
  Ocurre en Mendoza, también. Tanto en los sectores de por ejemplo el novísimo Arena Maipú donde en los espectáculos los cuidacoches cobran un precio y al salir la gente no hay nadie -con lo cual no hay seguridad-, como en la tradicional Fiesta de la Vendimia, donde le entregan (¿quién entrega?) las playas a cuidacoches y, también, al finalizar el acto (pero vaya a saber desde cuándo, seguramente apenas este comienza) no queda nadie "cuidando" y los autos están a merced de cualquiera. La policía, extrañamente, no interviene en la seguridad de esos vehículos pese a ser parte de su cometido a tenor de lo que se paga en impuestos.
   Así las cosas, la indulgencia en permitir esa agresiva actividad termina en su extremo siendo la base de sustentación económica de los barrabravas que cobran en las fechas del fútbol o de espectáculos, y donde surge la violencia por quién tiene el derecho, como barra, de cobrar. Y, como el negocio es grande (calcúlese ganancias por cada clásico a $200 el vehículo) y se sabe que los barras son personal de fuerza y punteros de la política, las ramificaciones se hacen demasiado sólidas y cada vez más peligrosas. Tocar dichos ingresos significa tocar el poder, el que por supuesto no responderá por esto, sino que dirá al cuestionarse públicamente que se pretende criminalizar a pobres, etc.
   Las extorsiones no se pueden permitir, bajo ningún aspecto. Luego crecen, y se hacen incontrolables. No se si lo comprenderán quienes miran con benevolencia y están a cargo del poder. Lo cierto es que abren la puerta a males peores.